Los planes para reformar el sistema educativo de México fueron puestos en marcha a principios del mes de septiembre, momento en el cual ambas cámaras del Parlamento dieron su aprobación a las leyes secundarias que proporcionarán las regulaciones necesarias para un programa de reforma revelado por vez primera a finales del año pasado. Si bien la aprobación de dicha ley ha sido percibida como una victoria por parte del presidente Enrique Peña Nieto, aún persiste una serie de interrogantes con respecto a la eficacia de los cambios propuestos.
De acuerdo con la información más reciente, México se encuentra en sintonía con las demás naciones miembro de la OCDE en lo atinente al gasto en educación, el cual se situó en un promedio del 6.2% del PIB para el año 2010. Sin embargo, el país presenta una diferencia considerable en el siguiente aspecto: alrededor del 80% del gasto público en educación está destinado a cubrir los salarios de los maestros, cifra que está muy por encima del promedio de la OCDE del 62%.
El superlativo gasto en salarios para los maestros se debe, en parte, a la fortaleza de un sindicato que cuenta con cerca de 1.4 millones de miembros, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SNTE, que en la actualidad ostenta un control casi total de la contratación, promoción y despido de los maestros. Gracias en parte a que ha contado con poca supervisión oficial, el SNTE ha presidido un sistema en el que los puestos pueden ser heredados por los mismos miembros de la familia o simplemente comprados a un buen precio. Un puesto como maestro en las escuelas con predominio del sindicato es considerado en México como un activo de alto valor, pues es prácticamente una garantía de ingresos estables y a largo plazo. De hecho, algunos maestros adquieren contrato vitalicio después de seis meses de servicio, lo cual hace que sea casi imposible despedir a los docentes que presentan un rendimiento inferior.
Al mismo tiempo, los niveles de educación se han visto afectados durante los últimos años. Según el programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes, el cual busca medir las habilidades académicas en jóvenes entre los 15 años de edad y que tuvo lugar en el año 2009 en México, el país centroamericano ocupa el último lugar entre las demás naciones miembro de la OCDE en lo concerniente a lectura, matemáticas y ciencias. Asimismo, la participación en programas académicos posteriores a la secundaria es baja, con apenas un 21% de los jóvenes mexicanos contando con expectativas de graduarse de un programa educativo con nivel universitario, en comparación con un promedio del 40% registrado por la OCDE.
Según el Informe de Competitividad Global 2013 del Foro Económico Mundial, México ocupó el puesto número 124 entre 148 países a propósito de la calidad de su educación primaria, estando por su parte el sistema de educación superior situado en el puesto número 119. Las reformas a la educación, componente esencial de la agenda general del presidente Peña Nieto, Pacto por México, pretenden mejorar la calidad de las escuelas al aumentar en ellas la supervisión del gobierno. Entre sus perspectivas se encuentra la introducción de pruebas de competencia para los profesores, incluyendo exámenes de ingreso para los nuevos empleados y evaluaciones anuales al desempeño de los docentes. Por otra parte, aquellos que de manera reiterada evidencien bajos resultados en sus evaluaciones podrían perder de manera definitiva sus puestos de trabajo.
Los partidarios del programa de reforma afirman que la regulación de los profesores de acuerdo con estándares generales mejorará los resultados del sistema educativo. Por su parte, aquellos que se oponen a los cambios sostienen que el proyecto consiste esencialmente en regulaciones de índole laboral, no propiamente en reformas atientes al mejoramiento de la educación.
El rector de la Universidad La Salle de Ciudad de México, Enrique González Álvarez, dijo a OBG : “El sistema educativo en México no mejorará hasta que no haya una adecuada preparación de los profesores”. Y añadió: “La reforma está orientada hacia los maestros, pero no hacia el mejoramiento de su formación. No está enfocada en la calidad de los maestros.”
Los sindicatos de maestros se han opuesto enérgicamente a los cambios propuestos por parte del gobierno. El SNTE es un sindicato bastante fuerte en términos políticos, pues al contar con su propio partido político y con miembros elegidos en el Congreso, ha venido realizado una activa oposición en contra de las reformas propuestas por el actual gobierno hasta que, durante el mes de febrero de 2013, su líder, Elba Esther Gordillo, fue arrestada y acusada de malversar US$ 150 millones provenientes de los fondos sindicales. Su detención despejó el camino para el ascenso de un sindicato de menor tamaño que ha venido cobrando protagonismo en las actuales circunstancias, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNTE.
En lo que va corrido del año 2013, la CNTE ha desencadenado un escenario de protestas en todo el país. A principios del mes de septiembre paralizó eficazmente a Ciudad de México, lo que obligó al Congreso a reunirse con el sindicato en un centro de convenciones y retrasó el discurso acerca del estado de la nación del presidente Peña Nieto.
Las presiones ejercidas por el sindicato han logrado finalmente importantes concesiones por parte de los legisladores. Durante los próximos dos años, los nuevos puestos de trabajo estarán reservados para los graduados provenientes de las escuelas de formación controladas por los sindicatos. Además, los maestros que de manera reiterada demuestren incompetencia en las evaluaciones anuales podrán apelar a las autoridades locales para mantener sus puestos de trabajo. Ambas modificaciones del plan original, en efecto, debilitan las reformas y retrasan, quizá por años, el impacto positivo que podrían llegar a tener.
Los desafíos que enfrenta el sistema educativo son considerables y no se limitan a la calidad de los docentes. Aunque México destina a la educación el promedio de los países de la OCDE en cuanto al porcentaje del PIB, el gasto bruto por estudiante es el segundo más bajo entre los estados miembros de la organización. A menos que se destinen fondos adicionales a la educación, las mejoras dependerán probablemente de un aumento en la calidad de la enseñanza. Sin embargo, incluso con la nueva legislación en vigor, puede ser un asunto de años dispensar a las escuelas públicas de los educadores inadecuados. Entretanto, el sistema está en manos, al menos en parte, de los mismos profesores que las reformas están destinadas a remover.
Reforming Mexico’s education system
Plans to overhaul the education system in Mexico moved ahead in early September, as both houses of parliament approved the secondary laws that will provide the detailed regulations for a reform programme first revealed late last year. While passage of the legislation has been viewed as a victory for President Enrique Peña Nieto, a number of questions remain regarding the efficacy of the proposed changes.
Mexico is in line with other OECD nations when it comes to spending on education, which stood at 6.2% of GDP in 2010, the latest data available. However, the country differs in one important respect – some 80% of government expenditure on education is allocated to teachers salaries, far higher than the OECD average of 62%.
The outsized outlay for teacher salaries is due, in part, to the strength of the 1.4m-member National Education Workers Union (Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SNTE), which has near-total control of hiring, promoting and firing teachers. With little official oversight, the SNTE has presided over a system in which positions can be inherited from family members or simply bought. A teaching job in Mexico’s union-dominated schools can be a valuable asset, virtually guaranteeing stable, long-term income. Some teachers earn lifetime tenure after six months, while firing those who underperform is nearly impossible.
At the same time, educational attainment has suffered in recent years. In the 2009 Programme for International Student Assessment – a test of 15-year-olds’ academic abilities – Mexico ranked last in the OECD for reading, maths and sciences. Participation in post-secondary programmes is low, with 21% of young Mexicans expected to graduate from a university-level education programme, compared to an OECD average of 40%.
According to the World Economic Forum’s 2013 Global Competitiveness Report, Mexico ranked 124 out of 148 countries in primary education quality; the higher education system placed 119. The education reforms – part of President Peña Nieto’s wide-ranging Pact for Mexico agenda – seek to improve the quality of schools by boosting government oversight. Competency tests for teachers will be introduced, including entrance exams for new hires and annual assessments for acting teachers. Moreover, those who repeatedly fail assessments can lose their jobs.
Supporters of the reform programme believe that holding teachers accountable to uniform standards will improve education outcomes. Meanwhile, those who oppose the changes contend that they are essentially labour regulations, not true education reforms.
“The educational system in Mexico will not improve until there is an adequate preparation of teachers,” Enrique González Álvarez, the rector of La Salle University in Mexico City, told OBG. “The reform is geared towards teachers, but not for their better preparation. It does not address the quality of the teachers,” he said.
Teachers’ unions have vigorously opposed the proposed changes. The politically formidable SNTE – the union has its own political party with members elected to Congress – lobbied against the reforms until, in February 2013, its leader, Elba Esther Gordillo, was arrested and charged with embezzling $150m of union funds. Her arrest cleared the way for the rise to prominence of a smaller union, the National Coordinator for Education Workers (Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNTE).
Throughout 2013, the CNTE has staged disruptive protests across the country. In early September it effectively paralysed Mexico City, forcing Congress to meet in a convention centre and President Peña Nieto to delay his state-of-the-nation speech.
The union has extracted key concessions from lawmakers. New positions will be reserved for graduates of union-controlled training schools for the next two years. Additionally, teachers who repeatedly fail annual assessments will be able to appeal to local officials to keep their jobs. Both of these modifications from the original plan weaken the reforms and will delay, perhaps by years, any positive impact they may have.
The challenges facing the education system are considerable and not limited to the quality of teachers. Although Mexico spends close to the OECD average on education as a percentage of GDP, its gross expenditure per student is the second-lowest among OECD members. Unless additional funds can be allocated to education, any improvements will likely depend on an increase in the quality of teaching. However, even with the new legislation in place, it may take years to clear schools of inadequate educators. In the meantime, the system will be relying, at least in part, on some of the same teachers the reforms are meant to remove.
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