Perú: Reformas en los fondos de pensión

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Ya se están implementando las nuevas medidas en el sistema privado de fondos de pensión, que tienen por objeto promover mayor competencia y atraer clientes que actualmente se encuentran fuera del sistema; sin embargo, las administradoras privadas de fondos de pensión (conocidas localmente como AFPs) señalan que algunos elementos de la nueva ley pueden ser inconstitucionales.

Actualmente, hasta dos tercios de todos los trabajadores no participan en el sistema de fondos de pensión. Los legisladores asocian este déficit con la falta de competencia en el sector, el cual es dominado solamente por cuatro AFPs; aunque también se debe a que gran parte de la población peruana trabaja informalmente. Por otra parte, las AFPs cobran tasas de comisión que los críticos consideran exorbitantes, señalando que estas altas tasas desaniman a los trabajadores de utilizar los fondos para su jubilación.

Según la nueva ley, aprobada en julio, contribuir para un fondo de pensión ya no será opcional para muchos trabajadores. Todo trabajador independiente que gane 1.5 veces el salario mínimo mensual – actualmente PEN750 ($290) – debe contribuir ya sea al fondo de pensiones público o a una AFP. Si no eligen de forma voluntaria, automáticamente son inscritos en una AFP.

En septiembre, el gobierno organizó la primera subasta entre AFPs, que otorga el derecho a aceptar a todos los clientes nuevos del sistema privado hasta finales de año. En diciembre, se llevará a cabo otra subasta, que le otorgará al ganador los mismos derechos para los dos años siguientes.

Prima AFP, una compañía financiera local manejada por Credicorp, fue la ganadora de la primera subasta. La compañía redujo su comisión de 1.75% a 1.6%, lo cual disminuyó la tasa de comisión promedio para el sistema en su conjunto de 1.91% a 1.83%.

La cuota de mercado de Prima oscila entre el 30%, al igual que la cuota de Integra AFP, que es manejada por el Grupo de Inversiones Suramericanas con sede en Colombia. Los funcionarios de Prima estiman que al ganar la subasta, la compañía podrá incrementar su cuota de mercado en al menos un 4%, convirtiéndose en el líder oficial del mercado.

La Superintendencia de Banca, Seguro y Fondos Privados de Pensión (SBS), cree que el mecanismo de subasta obligará a los fondos de pensión a reducir sus comisiones, y al mismo tiempo fomentará nuevos participantes en el sector, proporcionando a los ganadores de la subasta una base de clientes, que de otra manera tomaría décadas formar. No obstante, las AFPs se quejan de que el proceso no toma en cuenta las ganancias de los fondos, centrándose exclusivamente en las tasas de comisión.

Otra fuente de preocupación entre las AFPs es la parte de las reformas que exige un cambio del sistema de cobro de comisión basada en las contribuciones a una comisión basada en activos bajo gestión. Las AFPs señalan que es inconstitucional utilizar fondos de las cuentas de fondos de pensión para pagar comisiones. Asimismo, creen que realizar este cambio podría confundir a los clientes ya existentes e ir en contra de los esfuerzos por disminuir las tasas de comisión a corto plazo. A pesar de que el Tribunal del Perú aceptó escuchar las quejas de las AFPs, las reformas continuarán tal como se han planeado, al menos por el momento.

No hay duda de que la SBS se enfrenta a un reto complicado al tratar de abrir el mercado, mientras trabaja en cooperar con los actores actuales, cuyas inversiones básicamente constituyen la columna vertebral del mercado de capitales peruano. En conjunto, las AFPs tienen alrededor de $34 mil millones en fondos, o el 19% del PBI. Hoy en día, aproximadamente el 71,9% de estos fondos se invierten localmente.

A pesar de las preocupaciones de las AFPs, ya hay señales de que las reformas parecen estar produciendo el efecto deseado: un incremento en el número de clientes en el sistema privado de fondos de pensión y posibles nuevas AFPs que pueden participar en futuras subastas.

Según la información publicada por la SBS, alrededor de 13,699 nuevos clientes ingresaron al sistema privado de fondos de pensión en la semana del 24 al 28 de septiembre. De este total, 24% identificados ellos mismos como trabajadores independientes – una parte de la población con la cual los funcionarios previamente tuvieron problemas para convencerlos de invertir en fondos de pensión

El Grupo Interbank, una de las compañías más grandes del país y dueño del cuarto banco más grande del Perú, podría estar considerando restablecer los planes de desarrollar un fondo de pensión. Interbak obtuvo el permiso de la SBS para comenzar un fondo en el 2009; sin embargo, aún no ha realizado acciones concretas para hacerlo. El mecanismo de subasta, el cual asegura una base de afiliados a los ganadores, podría incentivar a Interbank a considerar esta opción.

Mientras las AFPs y los legisladores luchan por igual por comprender cómo impactarán las reformas en el sector a largo plazo, las acciones que incrementen el número de afiliados en el sistema, en definitiva, deberían resultar beneficiosas para todas las partes involucradas.

 

Peru: Pension funds undergo reforms

New measures to Peru’s private pension fund system aimed at promoting greater competition and attracting clients currently outside of the system are beginning to be implemented, but private pension fund operators (known locally as AFPs) argue that some elements of the new law may be unconstitutional.

At present, up to two-thirds of all workers do not participate in the pension fund system. Lawmakers associate this shortfall with a lack of competition in the sector, which is dominated by only four AFPs, though it is also partly due to the large population of Peruvians that work outside of the formal economy. The AFPs charge commission rates that critics deem to be exorbitant, pointing out that high rates discourage workers from using the funds to plan for retirement.

Under the new law, which was approved in July, contributing to a pension fund will no longer be optional for many workers. All independent or self-employed workers earning 1.5 times the monthly minimum wage – currently at PEN750 ($290) – are required to contribute to either the public pension fund or an AFP. If they do not choose voluntarily, they will automatically be enrolled in an AFP.

In September, the government held the first auction among AFPs, awarding the right to accept all new private system clients until the end of the year. In December, another auction will be held, granting the winner similar rights for the following two years.

Prima AFP, which is controlled by Credicorp – a local financial holding firm – was the winner of the first round. The firm cut its commission from 1.75% to 1.6%, which brings the average commission rate for the system as a whole down to 1.83% from 1.91%.

Prima’s market share typically hovers around 30%, as does the share of Integra AFP, which is controlled by Colombia-based Grupo de Inversiones Suramericana. Prima officials estimate that by winning the auction, the firm will be able to increase its market share by at least 4%, making it the official market leader.

The Superintendent of Banks, Insurance and Private Pension Funds (SBS) believes that the auction mechanism will force pension funds to lower their commissions, while at the same time encouraging new entrants to the sector by providing auction winners with an client base that would otherwise take decades to form. AFPs complain, however, that the process fails to acknowledge fund profits, focusing exclusively on commission rates.

Another source of concern among AFPs is a part of the reforms that calls for a transformation of the system from charging commission based on contributions to a commission based on assets under management. AFPs argue that it is unconstitutional to utilise funds held in pension fund accounts to pay commissions. They also believe that making this switch could confuse existing clients and work against efforts to lower commission rates in the near term. While Peru’s courts have agreed to hear the complaints of the AFPs, at least for the moment the reforms will continue as planned.

There is no doubt that the SBS faces a difficult challenge in attempting to open up the market, while also working to cooperate with the current players, whose investments essentially form the backbone of the Peruvian capital market. Collectively, AFPs hold some $34bn in funds, or 19% of GDP. At present, approximately 71.9% of these funds are invested locally.

Despite the concerns of the AFPs, there are already some signs that the reforms appear to be producing the desired effect: an increase in the number of clients in the private pension fund system and potential new AFPs that may participate in future auctions.

According to data published by the SBS, some 13,699 new clients entered the private pension fund system in the week of September 24-28. Of this total, 24% identified themselves as self-employed workers – a segment of the population that officials previously struggled to encourage to invest in pension funds.

Interbank Group, one of the country’s largest companies and the holder of Peru’s fourth-largest bank, may be considering reviving plans to develop a pension fund. Interbank obtained permission from the SBS to start a fund in 2009, but has yet to take concrete actions towards doing so. The auction mechanism, which ensures an affiliate base to winners, may ultimately encourage Interbank to consider this option.

While AFPs and lawmakers alike struggle to comprehend how reforms will impact the sector in the long run, actions that increase the number of affiliates in the system should ultimately prove beneficial for all parties involved.

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