Perú: Interferencia en las telecomunicaciones

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Economic News

30 Jan 2012
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Una disputa tributaria entre el operador español Telefónica y el estado peruano, junto con demoras en la renovación de la licencia operativa móvil de Telefónica para Lima y Callao, han dado pie a que se especule sobre importantes cambios en el sector de telecomunicaciones peruano en los meses venideros. Estas inquietudes van en aumento, a medida que se acerca la fecha de renovación de la concesión operativa de Telefónica, que tendría lugar el próximo mes.

A pesar de que la compañía recientemente ha pagado al Estado $50 millones en impuestos, la autoridad impositiva peruana (Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, SUNAT) ha dicho que la compañía todavía adeuda otros $800 millones en impuestos e intereses.

De cesar las operaciones de Telefónica en Perú, más de 20 millones de líneas se verían afectadas, lo cual causaría un grave impacto en el sector. Sin embargo, a pesar del dramático ambiente que acompaña al tema de la renovación y la disputa tributaria, los acontecimientos de las últimas semanas disminuyen la probabilidad de este desenlace.

El 23 de noviembre, César Alierta, presidente ejecutivo de Telefónica, se reunió con el presidente del Perú, Ollanta Humala, para discutir el problema. Inmediatamente después de esta reunión, Alierta afirmó ante la prensa que Telefónica estaba comprometida a cumplir las leyes del Perú.

Carlos Paredes, Ministro de Transportes y Comunicaciones del Perú, también indicó a la prensa que la disputa tributaria no tendrá un papel fundamental en la decisión del ministerio sobre la renovación del acuerdo de concesión de Telefónica, la cual se extendería por otros 20 años. Sin embargo, Humala no ha hecho ninguna afirmación similar, y varios miembros del Congreso se oponen a Paredes.

La disputa tributaria comenzó en 2010, cuando la autoridad fiscal del Perú (Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, SUNAT) estableció que Telefónica debía más de $727 millones por concepto de impuesto a la renta e intereses correspondientes a los años 2000-2001. Telefónica apeló la deuda, presentando la demanda ante el tribunal fiscal del Perú. Contrario a las expectativas de Telefónica, la compañía terminó debiendo incluso más dinero, aproximadamente $775 millones.

Telefónica procedió a presentar su caso ante el sistema judicial peruano, el cual quedó en manos del juez Carlos Cueva Anduviza. Cueva dictó una medida cautelar para reducir el tamaño de la deuda y evitar que SUNAT cobre la misma a Telefónica.

A comienzos de 2010, Telefónica trabajó con el gobierno de Alan García, quien era presidente en aquel momento, para definir un acuerdo de renovación preliminar para la licencia operativa móvil en Lima y Callao: un acuerdo que obligaría a Telefónica a invertir $500 millones en el país durante los siguientes cinco años.

En el gobierno de Humala, los planes para el acuerdo fueron archivados, la disputa tributaria sigue en pie y el juez Cueva, quien ha recibido apercibimientos en el pasado debido a negligencias en procesos e irregularidades, está siendo investigado desde el 17 de noviembre por la Oficina de Control de la Magistratura del Perú.

Se rumorea que Telefónica ha presentado su caso ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, pero la compañía niega firmemente tales acusaciones. A la fecha de esta nota, el caso no aparecía listada en el sitio web de CIADI.

Antes de reunirse con Alierta en noviembre, Humala expresó abiertamente sus inquietudes sobre la decisión de Telefónica de iniciar acciones legales. En la Cumbre Iberoamericana celebrada en Paraguay a finales de octubre, Humala mencionó el tema ante el rey y el primer ministro españoles, y comentó que era decepcionante ver a una compañía española con tan larga historia en el Perú iniciar un proceso contencioso por el pago de tributos. Telefónica firmó su primer acuerdo de concesión en Perú en 1991.

Por su parte, Telefónica afirma que sus supuestas inversiones deducibles de impuestos en el país más que compensan la deuda tributaria, y, además, superan por mucho a las realizadas por otras compañías de telecomunicaciones en Perú. Telefónica también indica que se le está cobrando impuestos por cuentas morosas de clientes peruanos.

El abogado de la SUNAT, José Escalante, dijo a la prensa local: “No se trata de quién sea la que más paga, sino que debe pagar de acuerdo a la ley”.

Algunos legisladores peruanos se oponen firmemente a la suscripción de un acuerdo de concesión con Telefónica antes de que se pague la deuda. Un congresista incluso sugirió que Telefónica es la culpable de la falta de infraestructura telefónica en Perú, exigiendo que la concesión para Lima y Callao sea otorgada a otro operador mediante una licitación internacional.

Todo compromiso asumido a raíz de esta disputa requerirá esfuerzo. Humala ha definido una estricta agenda de inversión para el país, que requiere que su gobierno equilibre cuidadosamente su deseo de atraer inversionistas extranjeros y a la vez evite ser controlado por ellos.

Telefónica, quien hace poco fue calificada como uno de los mejores empleadores del país, tiene una larga historia en el Perú, el cual es una nación que tiene un papel fundamental en el mercado de más rápido crecimiento de la compañía: América Latina.

Si bien los aciertos y errores de cada parte son debatibles, está claro que ambas partes tienen mucho en juego, incluyendo a los miles de peruanos cuyo progreso económico sostenido depende del crecimiento de una red móvil y de las inversiones internacionales.

 

Peru: Telecoms trials

A tax dispute between Spanish telephone operator Telefonica and the Peruvian state coupled with delays in renewing Telefonica’s mobile operating licence for Lima and Callao has led many to speculate over major changes for Peru’s telecoms sector in the coming months. These concerns are now becoming elevated in the weeks leading up to the renewal of Telefonica’s operating concession.

Though the company recently paid $50m in back taxes to the state, the Peruvian tax authority (Superintendencia Nacional de Administracion Tributaria, SUNAT) has said the company still owes it another $800m in taxes and interest. If Telefonica’s operations in Peru were to cease more than 20m lines would be affected, a major impact on the sector. However, despite continuing drama surrounding the renewal and tax dispute, events over the last few weeks make this outcome seem less likely.

On November 23 Cesar Alierta, the executive president of Telefonica, met with Ollanta Humala, Peru’s president, to discuss the dispute. Immediately following the meeting, Alierta stated affirmatively to the press Telefonica’s commitment to abide by Peruvian law.

Carlos Paredes, Peru’s minister of transportation and communications, has further told the press the tax dispute will not play a major role in the ministry’s decision to renew Telefonica’s concession agreement for another 20 years. However, Humala has not made a similar statement and several members of congress oppose Paredes on the issue.

The tax dispute began in 2010 when SUNAT charged Telefonica with owing more than $727m resulting from taxes on 2000-01 profits and interest. Telefonica disputed the debt, taking the issue to Peru’s tax court. Contrary to Telefonica’s expectations the firm ended up owing even more money – roughly $775m.

Telefonica then proceeded to plead its case in Peru’s judicial system, with Judge Carlos Cueva Anduviza assigned to the case. Cueva passed a measure reducing the size of the debt and preventing SUNAT from holding Telefonica liable for payment.

Meanwhile, in early 2010 Telefonica worked with the government of Alan Garcia, then Peru’s president, to outline a preliminary renewal agreement for the mobile operating licence in Lima and Callao – one which would oblige Telefonica to invest $500m in the country over the next five years.

Under Humala, plans for the agreement were shelved, the tax dispute is ongoing and Judge Cueva, who has been warned in the past due to negligence in procedures and irregularities, is now part of an investigation, begun by Peru’s office of judicial control (Oficina de Control de la Magistratura) on November 17.

There are rumours that Telefonica has taken its case to the World Bank’s International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID), but the company firmly denies these accusations. At the time of writing the case did not appear on the ICSID website.

Prior to meeting with Alierta in November, Humala openly expressed his concerns about Telefonica’s decision to pursue legal action. At the Iberoamerican Summit in Paraguay in late October, Humala broached the topic with both the king and prime minister of Spain, claiming he was disappointed to see a Spanish company with such a long history in Peru decide to pursue legal actions regarding a tax dispute. Telefonica signed its first concession agreement in Peru in 1991.

For Telefonica’s part, the firm claims its presumed tax-deductible investments in the country, which far exceed those of other telecoms companies operating in Peru, far outweigh the alleged tax debt. Telefonica also claims it is being charged taxes on unpaid Peruvian customer accounts.

SUNAT’s attorney, Jose Escalante, told local press, “This is not a matter of who pays the most, rather what one must pay according to the law.”

Some Peruvian lawmakers are firmly opposed to signing a concession agreement with Telefonica before the debt is resolved. One congressman has even suggested Telefonica is to blame for Peru’s relative lack of telephony infrastructure, demanding the concession for Lima and Callao be awarded to another operator via an international bidding process.

Any compromise in this dispute will be hard won. Humala has defined a tough investment agenda for the country, which requires his government to delicately balance its desire to attract foreign investors but not be controlled by them.

Telefonica, which was recently voted one of Peru’s best employers, has a long history in Peru, a country which plays a key role in the firm’s fastest growing market – Latin America.

While the rights and wrongs on either side of this case are debatable, it is clear there is a lot at stake for all parties – including the Peruvian people whose continued economic progression relies on a growing mobile network and international investment.

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