Perú impulsa la reforma del sistema educativo superior

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In English

En un prolongado esfuerzo planificado para mejorar la envergadura de la educación superior, Perú ha aprobado una ley que reformará las universidades del país. Sin embargo, esta llega en un momento de críticas que indican que el cambio afectará a la autonomía universitaria al mismo tiempo que la etapa de transición ha quedado marcada por la falta de directivas.

La ley, que fue aprobada en junio por el Congreso y a principios de julio por el presidente Ollanta Humala tras un debate parlamentario que duró cerca de dos años, busca posicionar a las universidades de Perú —actualmente ninguna de ellas se encuentra clasificada entre las mejores universidades del mundo— en el ranking mundial mediante el incremento de los requisitos para profesores y estudiantes.

No obstante, aunque los legisladores coinciden en que la reforma del sistema universitario de Perú es de crucial importancia, existe un gran desacuerdo sobre su planteamiento para alcanzar este objetivo y algunos críticos están cuestionando la constitucionalidad de la ley.  

Cuestión de autonomía

La causa principal de la controversia surge de los planes para crear una autoridad de supervisión, la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (SUNEDU), la cual tendrá autoridad sobre todas las universidades de Perú, incluyendo aquellas gestionadas de forma privada. La SUNEDU tendrá tres funciones principales: controlar la calidad de la educación superior, gestionar el flujo de dinero de todo el sistema universitario y otorgar licencias a las universidades.

Aquellos que apoyan a la ley aseguran que dicha autoridad de supervisión es necesaria para controlar el sistema universitario, el cual dicen ha demostrado ser desafortunadamente incapaz de regularse por sí mismo. La reforma prevista por la ley, añaden, podría jugar un papel importante a la hora de mejorar la calidad general de la educación superior.

Sin embargo, la propuesta de la creación de un órgano de supervisión ha generado muchas dudas en el parlamento. Dirigidos por Martha Chávez, una congresista del partido Fuerza Popular, 45 legisladores realizaron una petición para solicitar al Tribunal Constitucional la reevaluación de la constitucionalidad de la ley. El Tribunal aceptó la petición a principios de agosto y tiene previsto comenzar una revisión formal para decidir si la ley está en conformidad con la constitución.

La principal queja de los legisladores opositores es que la SUNEDU afectará a la autonomía de las universidades. La Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior (Fipes) también planteó una objeción similar.  

Demandas más rigurosas

La ley aumenta el nivel de calificación necesario para los profesores universitarios: estos deben poseer como mínimo una maestría, mientras que el 30 % de los profesores de cualquier universidad debe poseer un doctorado. Otro requisito es una acreditación de todas las especializaciones de la universidad otorgada por el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE). Especializaciones o departamentos que no reciban acreditación después de tres evaluaciones o un período de siete años serán forzados a cerrar. Actualmente, el SINEACE acredita solo 14 de 1500 especializaciones impartidas en el país.

Los estudiantes también se enfrentarán a requisitos más severos. Para poder obtener una licenciatura, deberán completar un proyecto de investigación, escribir una tesis y demostrar su dominio de un segundo idioma.

Los críticos señalan que exigir títulos más elevados a los profesores podría producir un efecto indeseado, conduciendo potencialmente al despido de profesores que cuentan con una gran experiencia. También preocupa que la existencia de una tesis obligatoria para la obtención de una licenciatura pueda crear un mercado negro de plagio de disertaciones. Al incrementar los requisitos, la nueva ley también prolonga el tiempo que supone la obtención de algunos títulos, haciendo que las universidades peruanas sean menos atractivas para la clase media que puede optar por cursar estudios de posgrado en universidades reputadas en otra parte de la región.

A nivel práctico, las instituciones están esforzándose por llevar a cabo los cambios que fueron exigidos en un período de 90 días, previsto para finalizar en octubre, y con pocas directivas por parte del gobierno sobre cómo proceder durante la etapa de transición. Entre los cambios se incluye el número de horas requeridas para una maestría, el cual aumenta a un poco más de 700 horas, en comparación con las 500 horas en la mayoría de los países. Esto afectará al número de horas de enseñanza que las universidades deben proveer así como también a los programas, los cuales necesitarán ser modificados durante este año lectivo para cumplir con los requisitos.

«Esas cuestiones prácticas no se han elaborado correctamente», dijo a OBG Juan Carlos Mathews, director del Centro de Educación Ejecutiva en la Universidad del Pacifico. «La intención del Gobierno es buena y es indicadora de la importancia que tiene el sector educativo para este. Sin embargo, hubo una falta de diálogo horizontal y participación de distintos actores, incluyendo el sector privado», agregó..


 

Peru drives higher education revamp

En Español

 In a long planned effort to improve the calibre of higher education, Peru has passed legislation that will reform its universities. However it comes amid criticism that the move will interfere with university autonomy while the transition phase has been marked by a lack of directives.

The law, which was passed by Congress in June and approved by President Ollanta Humala in early July following a parliamentary debate that lasted nearly two years, aims to put some of Peru's universities - none of which is currently ranked among the world's top universities - in the global league by increasing requirements from lecturers and students.

However, while lawmakers agree that reforming Peru's university system is crucial, there is strong disagreement over its approach towards accomplishing this goal and some critics are challenging the law as unconstitutional.  

Question of autonomy

The main cause of controversy stems from plans to create a supervisory authority, the National Superintendent of University Education (Superintendencia Nacional de Educación Universitaria, SUNEDU), which will have authority over all of Peru's universities, including those that are privately run. SUNEDU will have three main functions: monitoring the quality of higher education, managing the flow of money through the university system and issuing licences to universities.

Supporters of the law claim such a supervisory authority is necessary to oversee the university system, which they say has proven to be woefully incapable of regulating itself. The reforms envisaged by the law could play an important role in improving the overall quality of higher education, they add.

However, the proposed formation of a supervisory body has raised many eyebrows in parliament. Led by Martha Chávez, a congresswoman from the Fuerza Popular party, 45 legislators agreed a motion to ask the Constitutional Tribunal to re-evaluate the constitutionality of the law. The Tribunal accepted the demand in early August and is due to start a formal review to decide whether the law is in line with the constitution.

The opposing legislators’ primary complaint is that SUNEDU will interfere with the autonomy of universities. The Federation of Private Institutions of Superior Education (Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior, Fipes) has also raised a similar objection.  

Tougher demands

The law increases the level of qualification necessary for university professors: they must hold a minimum of a master’s degree, while 30% of lecturers in any single university must hold a doctorate degree.

Another requirement is an accreditation of all university majors by the National System of Evaluation, Accreditation, and Certification of Educational Quality (Sistema Nacional de Evaluión, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, SINEACE). Those majors or departments that do not receive accreditation after three evaluations or a period of seven years will be forced to close. At present, SINEACE accredits only 14 out of 1,500 majors taught in the country.

Students will also face tougher requirements. In order to earn a bachelor’s degree, they will have to complete a research project, write a thesis and show evidence of their ability to speak a second language.

Critics say the requirement of higher degrees for professors could backfire, potentially leading to the dismissal of experienced professors. There is also concern that a compulsory thesis for a bachelor's degree could create a black market for plagiarised dissertations. By increasing requirements, the new law also extends the time it takes to get some degrees, making Peruvian universities less attractive to a middle class able to opt for postgraduate programmes in reputable universities elsewhere in the region.

On a practical level, institutions are struggling to implement the changes that were mandated in a 90-day period, due to end in October, and with few directives from the government on how to proceed during the transition phase. Changes include the number of hours required for a master’s degree rising to just over 700 hours, in comparison to 500 hours in most countries. This will impact the number of teaching hours universities must provide as well as programmes, which need to be revised mid-way through their duration to comply with the requirements. "These practical matters have not been properly thought out,” Juan Carlos Mathews, director of the Executive Education Centre at Universidad del Pacifico told OBG. “The intention of the government is a good one and one that is indicative of the importance of the education sector to the government. However, there was a lack of horizontal dialogue and involvement of the different actors, including the private sector,” he added.

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