Perú: Cerrando la brecha

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Ahora que el gobierno del Perú ha aprobado una ley para establecer un nuevo Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y un mayor gasto público en salud y educación en el presupuesto nacional para 2012, la siguiente tarea del gobierno es continuar con la segunda fase de su promesa electoral: obtener resultados tangibles.

Elegida en junio de 2011 por sus promesas de solucionar los problemas de pobreza, salud, educación e inclusión social, la plana del presidente Ollanta Humala está intentando canalizar los beneficios del crecimiento económico hacia los segmentos de la sociedad que más lo necesitan.

La prosperidad económica ha elevado el PBI del Perú en un promedio de 5,6% anual durante la primera década del nuevo milenio, un logro que tuvo un impacto significativo en el alivio de la pobreza. Así, durante el segundo gobierno del ex presidente Alan García, el número de habitantes bajo la línea nacional de pobreza cayó de 44,5% en 2006 a 31,3% en 2010, de acuerdo con datos del Banco Mundial. La relación entre prosperidad económica y alivio de la pobreza no ha pasado desapercibida con el presidente Humala, quien ha continuado respaldando al sector privado y el crecimiento económico del país.

Federico Arnillas, presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza (MCLCP), dijo a la prensa local en septiembre que la pobreza en el país puede seguir disminuyendo. “Si Perú puede mantener una tasa de crecimiento promedio anual de 6% o 6,5% en los siguientes cinco años, la meta de reducir la pobreza a 17% es viable, incluso cuando el mundo está pasando por una situación desfavorable”, comentó.

Si bien el gasto público en programas sociales está aumentando en Perú, aún queda un trecho por recorrer para alcanzar a países vecinos como Chile. Los datos anuales más recientes disponibles en el Banco Mundial indican que Perú está por detrás de su vecino sureño en términos de gasto público (como un porcentaje del PBI) en educación (Perú, 2,5%; Chile, 4%) y salud (Perú, 4,5%; Chile, 8,2%).

En noviembre de 2011, el Congreso del Perú dio un paso más para cerrar la brecha cuando aprobó el presupuesto nacional para 2012, el cual, según lo anunció el Poder Ejecutivo, priorizaría la inclusión social y aumentaría el gasto en salud y educación un 25% en comparación con el año anterior. El presupuesto total aumentó 8% de un año a otro, pasando de PEN 88.460 millones ($32.760 millones) a PEN 95.530 millones ($35.380 millones).

Es probable que una parte del presupuesto nacional sea asignado al nuevo Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que nombró a su primera ministra, Carolina Trivelli, en diciembre. El nuevo ministerio, creado mediante ley en agosto de 2011, es responsable de continuar las promesas de inclusión social hechas por Humala durante su campaña a través de la centralización de los programas sociales del gobierno.

Los programas de asistencia extranjera también tienen un papel activo en la reducción de las disparidades sociales del Perú, como lo demostraron el Banco Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), quienes prestaron todo su apoyo a la agenda social de Humala después de que asumió el mando el verano pasado. El Banco Mundial otorgó una línea de crédito de $3 mil millones al Perú en octubre de 2011 para apoyar a sus programas sociales. Por su parte, PNUD también comprometió un fondo de cooperación de $465 millones para el Perú de 2012 a 2016, gran parte del cual se utilizará en programas de inclusión social que se enfocarán en la desnutrición crónica infantil y la mejora de la educación.

Por su parte, la Agencia de los EE.UU. para el Desarrollo Internacional (USAID) ha trabajado conjuntamente con varias instituciones médicas del Perú para mejorar los recursos humanos dentro del sector salud. Hasta el momento, más de 5000 profesionales de la salud han participado en los programas de capacitación de la USAID.

Incluso con un mayor respaldo federal e internacional, varios desafíos continúan amenazando la capacidad del Perú para cerrar la brecha de la pobreza y mejorar los servicios sociales. “Hemos visto a los gobiernos pasados asignar más recursos para mejorar los indicadores sociales, pero no se ha logrado avances en el tema, especialmente en las provincias”, indicó Erich Arispe, director principal de calificación para América Latina de Fitch Ratings en una declaración a la prensa local en septiembre de 2011.

De acuerdo con el Plan Nacional Concertado de Salud 2007-20 (PNCS) del Perú, las densidades poblacionales han cambiado considerablemente en los últimos 70 años, con una variación del nivel de urbanización de apenas 35,4% en 1940 a 72% en 2005. La mejora de los servicios sociales en las regiones de la sierra y selva son un desafío más costoso que satisfacer las necesidades urbanas. A pesar de que las ciudades tienen una ventaja gracias a su capacidad de acumular recursos, lidiar con los efectos adversos de la urbanización también presenta un grupo de problemas completamente diferentes, como la polución y la seguridad.

 

Peru: Closing the gap

Now that Peru’s government has passed a bill to establish a new Ministry of Development and Social Inclusion and increased public spending on health care and education in the 2012 national budget, the current administration’s next task is to follow through on the second phase of its campaign pledge: obtaining tangible results.

Elected in June 2011 on the back of campaign promises to tackle issues concerning poverty, health care, education and social inclusion, President Ollanta Humala’s administration is working to channel the benefits of overall economic growth to the segments of society who need it most.

Economic prosperity has seen Peru’s GDP rise an average of 5.6% per year during the first decade of the new millennium, an achievement that has had a significant impact on poverty alleviation. Indeed, during the second term of former President Alan Garcia, Peru’s headcount below the national poverty line fell from 44.5% in 2006 to 31.3% in 2010, according to data from the World Bank. The relationship between economic prosperity and poverty alleviation has not gone unnoticed under President Humala, who has continued to support Peru’s private sector and economic growth.

Federico Arnillas, the chairman of the Coordination Committee for the Fight against Poverty (MCLCP), told local press in September he believes poverty throughout the country can continue decreasing. “If Peru can maintain an average annual growth rate of 6% or 6.5% in the next five years, the goal of reducing poverty to 17% is achievable, even though the world situation is unfavourable,” he said.

While public spending on social programmes is certainly on the rise in Peru, there is some ground to cover in order to catch up with neighbours such as Chile. The last full year of data available from the World Bank indicates Peru lags behind its southern neighbour in terms of public spending (as a percentage of GDP) on education (Peru, 2.5%; Chile, 4%) and health care (Peru, 4.5%; Chile, 8.2%).

In late November 2011, Peru’s congress took another step towards closing that gap when it approved the 2012 national budget, which the executive branch announced would prioritise social inclusion and see spending on health and education rise by 25% compared to the previous year. The entire budget was increased by 8% year-on-year from PEN88.46bn ($32.76bn) to PEN95.53bn ($35.38bn).

A small portion of the national budget will likely be allocated to Peru’s new Ministry of Development and Social Inclusion, which appointed its first minister, Carolina Trivelli, in December. The new ministry, which was passed into law in August 2011, is responsible for follow-through to Humala’s campaign promises on social inclusion by centralising government social programmes.

Foreign aid programmes are also quite active in tapering Peru’s social disparities, as demonstrated by the World Bank and the UN Development Programme (UNDP), who threw their support behind Humala’s social agenda following his induction last summer. The World Bank supplied a $3bn line of credit to Peru in October 2011 to support the social programmes. Meanwhile, the UNDP has also pledged a $465m cooperation fund for Peru from 2012 to 2016, most of which will be poured into social inclusion programmes, such as addressing chronic malnutrition in children and improving education.

For its part the US Agency for International Development (USAID) has been working in partnership with several Peruvian medical institutions towards improving the human resources within the health sector. Thus far more than 5000 health professionals have participated in USAID’s training programmes.

Even with stronger federal and international support, several challenges continue to threaten Peru’s capacity to close the poverty gap and improve social services. “We have seen past governments allocate more resources to improve social indicators, but there has not been much progress on this issue, especially in the provinces,” noted Erich Arispe, the senior director of Latin American ratings at Fitch Ratings, in a statement to local press in September 2011.

According to the Plan Nacional Concertado de Salud 2007-20 (PNCS), Peru’s national health plan, population densities have dramatically altered over the past 70 years, shifting the urbanisation level from just 35.4% in 1940 to 72% in 2005. Improving social services in the mountain and jungle regions presents a more costly challenge than dealing with urban needs. Despite cities garnering an advantage thanks to their ability to pool resources, dealing with the adverse effects of urbanisation also presents an entirely different set of problems resulting from issues such as pollution and security.

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