Panamá: Financiando el crecimiento

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El sistema bancario de Panamá se ha convertido en uno de los más extensos y dinámicos centros financieros en América Latina, y ha recibido los correspondientes elogios estos últimos meses, primero del Foro Económico Mundial y luego de una agencia internacional de calificación.

El sólido rendimiento económico alcanzado por Panamá recientemente llevó al país a registrar un crecimiento del PBI de 7,7% anual, de 2006 a 2010, según datos del Banco Mundial, a pesar de la crisis financiera internacional. Su limitada exposición a los instrumentos financieros que devastaron a numerosos bancos en todo el mundo permitió que el centro de banca internacional del país saliera relativamente ileso y continuara expandiéndose.

El desempeño positivo del sector financiero panameño fue mencionado en el Informe de Competitividad Mundial 2011-12 del Foro Económico Mundial (WEF), que sitúa al país en el tercer lugar en “solidez de bancos”, en el puesto 16 en “eficiencia de mercados financieros” y en el puesto 27 para “desarrollo del mercado financiero”, de un total de 142 naciones.

Asimismo, en noviembre, Standard & Poor’s (S&P) mejoró su Evaluación de Riesgo País para la Industria Bancaria (BICRA) para Panamá del grupo 6 al grupo 5, poniendo al país en la misma categoría que China, Turquía y Colombia. El análisis BICRA tiene una puntación de 1 a 10, donde 1 representa el mejor riesgo en un sector bancario específico.

S&P mencionó una “base de depósitos estable” y “estándares adecuados de préstamo y suscripción” como motivos para otorgar la mejora, haciendo notar que Panamá aún tiene algunos “problemas normativos” y que debe mejorar su marco institucional a pesar de haber firmado varios acuerdos con la OECD sobre la entrega de información bancaria.

Alberto Diamond, actual superintendente de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), la cual regula a los bancos del país, atribuye el reciente éxito del sector a los “estándares bancarios conservadores”, mencionando la liquidez de activos del 65,7% de los bancos panameños en 2010.

Durante octubre de 2011, la SBP publicó en su resumen ejecutivo un total de activos en el sector bancario de $79.500 millones, que representa un incremento de 12% anual sobre los mismos 10 meses en 2010. Asimismo, los ingresos netos acumulados en el sector bancario alcanzaron los $1.080 millones, $163 millones más que los registrados en octubre de 2010, lo cual representa un retorno sobre activos de 1,78% y un retorno sobre patrimonio de 15,1%.

La cartera de préstamos nacionales casi alcanzó los $28.000 millones en octubre, un incremento de 16,7% sobre el mismo periodo en 2010, demostrando la liquidez y propensión al préstamo del sector bancario, en medio de un periodo de fuerte crecimiento económico para Panamá. Más aún, el sector registró una proporción de préstamos vencidos/préstamos totales de sólo 0,8%, una cifra que demuestra la calidad de la cartera de préstamos del sistema bancario. Es más, la habilidad y disposición del sector a estimular la inversión será un ingrediente necesario para el crecimiento económico sostenido del país.

Panamá cuenta con 93 bancos autorizados, que son regulados por la SBP debido a que no existe un banco central en el país. Así, el sistema de pagos locales se encuentra en el Banco Nacional de Panamá y no existe un prestamista de última instancia. Por esta razón, la moneda panameña, conocida como la balboa, está vinculada al dólar de Estados Unidos.

En 1998 se alteró radicalmente el reglamento de la industria bancaria panameña, dando plena autonomía financiera y administrativa a la SBP mediante el Decreto Ley 9. Una década después, los poderes reguladores de la SBP fueron ampliados mediante el Decreto Ley 2, que se aprobó en agosto de 2008.

El reglamento otorga a la SBP la autoridad para supervisar las actividades no sólo de los bancos, sino también de las compañías de holding, y corporaciones no financieras “que podrían suponer un riesgo” para el sector bancario. La nueva ley también intentó ayudar a rectificar la falta de un programa federal de garantía sobre depósitos priorizando el reembolso de pequeños depositantes por sobre depositantes de gran tamaño en caso de quiebre bancario.

La ley financiera panameña otorga a los extranjeros los mismos derechos que a los inversionistas locales, y como los impuestos se aplican solamente a la actividad económica dentro del país, Panamá se ha convertido en un paraíso fiscal “extranjero” muy atractivo para inversionistas y corporaciones de todo el mundo. Desafortunadamente, también ha atraído los riesgos de lavado de dinero vinculados con sus reglamentos libres de impuestos y su proximidad a los cárteles de drogas latinoamericanos.

Por estas razones, el gobierno de Panamá adoptó diversas convenciones internacionales, incluyendo la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo. Además, el gobierno panameño adoptó recientemente dos leyes contra el lavado de dinero. La Ley 2, de febrero de 2011, define estrictamente los procedimientos que los bancos deben observar en lo que respecta al reconocimiento de identidad de los clientes, mientras que la Ley 34, de julio de 2010, es una enmienda a la Ley 23 de 1986 que establece un proceso para la decisión anticipada de la situación jurídica de bienes aprehendidos.

La vigilancia y cooperación de Panamá para detener las operaciones de lavado de dinero de organizaciones narcotraficantes y terroristas será fundamental para mantener una buena reputación. El centro financiero internacional del país aún tiene mucho por hacer para mejorar su monitoreo de actividades ilícitas, pero hasta el momento la industria bancaria ha sido una fuerza impulsora para el desarrollo económico del país. Se anticipa que el crecimiento económico de Panamá continuará al mismo ritmo en los próximos años, y se espera que el sistema bancario se desempeñe de forma similar.

 

Panama: Financing growth

With a banking system that has become one of the largest and most dynamic financial centres in Latin America, the Panamanian sector has received accolades in recent months, first from the World Economic Forum and then an international ratings agency.

Panama’s recent strong economic performance saw the country post average annual GDP growth of 7.7% from 2006 to 2010, according to World Bank data, despite the recent global financial crisis. With limited exposure to the financial instruments that devastated many banks around the world, the country’s international banking centre was left relatively unscathed and continued to expand.

The financial sector’s recent positive performance was reported in the Global Competiveness Report 2011-12 of the World Economic Forum (WEF), which lists Panama 3rd in “soundness of banks”, 16th with regard to “efficiency of financial markets” and 27th in “financial market development” out of 142 nations.

Furthermore, in November Standard & Poor’s (S&P) upgraded its Banking Industry Country Risk Assessment (BICRA) for Panama from group 6 to group 5, putting the country in the same category as China, Turkey and Colombia. The BICRA analysis is scored from 1-10, with a score of 1 representing the lowest-risk in a given banking sector.

S&P cited a “stable deposit base” and “adequate lending and underwriting standards” as reasons for the move, while noting that Panama still has some “regulatory issues” and needs to improve its institutional framework despite signing several agreements with the OECD regarding the provision of bank information.

Alberto Diamond, the current superintendent of the Superintendent of Banking (SBP), which regulates the country’s banks, attributes the sector’s recent success to “conservative banking standards”, citing the 65.7% asset liquidity of Panamanian banks in 2010.

Through October 2011 the SBP reported in its executive summary total assets in the banking sector of $79.5bn, an annual increase of 12% on the same 10 months in 2010. Additionally, cumulative net profit within the banking sector totalled $1.08bn, $163m higher than that reported in October 2010, representing a return on assets of 1.78% and a return on equity of 15.1%.

The domestic loan portfolio reached nearly $28bn in October, an increase of 16.7% on the same period in 2010, demonstrating the banking sector’s liquidity and propensity to lend amidst a period of strong economic growth for Panama. Moreover, the sector reported a past due loans versus total loans ratio of just 0.8%, a figure indicative of the quality of the banking system’s loan portfolio. Indeed, the sector’s ability and willingness to stimulate investment will be a necessary ingredient in the sustained economic growth of the country.

Panama is home to 93 licensed banks, which are regulated by the SBP due to the fact that Panama lacks a central bank. As such, the domestic payment system is located in the Banco Nacional de Panama and in effect there is no lender of last resort in the financial system. For this reason the Panamanian currency, known as the balboa, is pegged to the US dollar.

The regulation of the Panamanian banking industry was vastly altered in 1998, giving full financial and administrative autonomy to the SBP through Decree Law 9. A decade later the regulatory powers of the SBP were further enhanced through Decree Law 2, which was enacted in August of 2008.

The regulations give the SBP the power to supervise the activities of not only banks, but also their holding corporations, as well as non-financial corporations “that could entail risk” to the banking sector. The new law also attempted to help rectify the lack of a federal deposit insurance programme by prioritising the reimbursement of small depositors over larger ones in the case of bank failure.

Panamanian financial law affords foreigners the same rights as local investors, and since taxes are applied only to economic activity within the country, Panama has developed into an attractive “offshore” financial haven for investors and corporations around the world. Unfortunately, it has also attracted the money-laundering risks that come with its tax-free regulations and proximity to Latin American drug cartels.

For these reasons the Panamanian government has adopted several international conventions including the UN Convention against Transnational Organised Crime and International Convention for the Suppression of Terrorism Financing. Furthermore, the Panamanian government recently has adopted two anti-money laundering laws. Law 2 from February of 2011 strictly defines the procedure banks must adhere to when dealing with customers in terms of identity recognition, while Law 34 of July 2010 is an amendment to Law 23 of 1986 establishing an early ruling process on the legal situation of seized goods.

Panama’s vigilance and cooperation in halting money laundering operations for drug and terrorist organisations will be vital to maintaining a sound reputation. Although the country’s international financial centre still has work to do in improving its monitoring of illicit activities, thus far the banking industry has been a driving force in the country’s economic development. With Panama’s economic growth anticipated to continue relatively unabated in the next few years, the banking system is likely to do the same.

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