Panamá endurece regulaciones contra el lavado de dinero

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Los esfuerzos de Panamá por combatir el lavado de dinero anotaron un avance clave en junio, con la aprobación de una ley que, espera, acelerará su salida de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

El GAFI es un influyente organismo intergubernamental encargado de detener las amenazas a la integridad del sistema financiero internacional. Panamá es uno de los 11 países que según la entidad no cumple plenamente con los controles “anti lavado de dinero y la lucha contra el financiamiento del terrorismo”. GAFI también tiene una lista negra de jurisdicciones consideradas “de alto riesgo y no cooperativas”.

Muchas empresas se han visto afectadas tras la decisión del GAFI, en junio de 2014, sobre todo aquellas que trabajan con instituciones estadounidenses. Esto llega en un contexto en el que Panamá, tradicionalmente considerado un país atractivo para el registro de empresas, lucha por convertirse en un centro financiero internacional.

Isabel Fernández, directora de la Unidad de Políticas para la Prevención de Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), dijo a la prensa en abril que “se hizo urgente para nosotros actualizar estas regulaciones”.

Supervisión más estricta 

La nueva ley, conocida como Ley 23, fue aprobada por el Congreso panameño en junio y juega un rol clave en la campaña del país por cumplir los estándares internacionales para la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo o armas de destrucción masiva. 

Además del sector de servicios financieros, cooperativas de crédito, abogados, contadores y corredores de propiedades también estarán sujetos a supervisión bajo las nuevas regulaciones, junto a la Zona Libre de Colón, la Autoridad del Canal de Panamá y los casinos del país.

La legislación también abrió el camino para un nuevo organismo regulatorio para el sector no financiero, la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros. La entidad, que vigilará 13 sectores económicos, operará inicialmente como una unidad dentro del MEF, con miras a conferirle estatus de autonomía.

Restricción regulatoria 

Aumentar la supervisión y transparencia de las acciones al portador es otra área que ha sido identificada por la nueva legislación. Recientemente el Congreso aprobó una enmienda de la Ley 47 de 2013con el objetivo de establecer definitivamente la identidad de los tenedores de los papeles. El plazo final para que las empresas panameñas depositen acciones al portador con un custodio autorizado se adelantó para el 31 de diciembre de 2015, anulando el marco previo de tres años. Otro cambio regulatorio obliga a todas las empresas panameñas a comenzar a mantener registros de sus minutas y acciones.

Como parte de sus compromisos de aplicar mano dura a las irregularidades, la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), suspendió las operaciones de Banco Universal (un pequeño banco comercial con USD345 millones en depósitos) a comienzos de junio. El regulador asumirá el control administrativo y operacional de la entidad por 30 días, luego que una inspección reveló un “alto grado de debilidad” y controles internos deficientes, según el director de la SBP, Ricardo Fernández. Banco Universal pertenece a la familia de Felipe Verzi, vicepresidente bajo la presidencia de Ernesto Pérez Balladares, quien está siendo investigado por lavado de dinero.

Anteriormente Panamá tomó medidas en otras áreas de transparencia, sobre todo para dejar atrás su imagen de paraíso fiscal. Panamá firmó una serie de acuerdos de intercambio de información tributaria y doble tributación, lo que le permitió salir de la lista gris de la OCDE en 2011, que incluye a los países que no han adoptado estándares internacionales de intercambio de información tributaria.

Hora de cambiar

Sin embargo, es poco probable que el GAFI saque al país de su lista en el corto plazo. Analistas han destacado que, puesto que el GAFI de Latinoamérica, GAFILAT, (responsable de certificar los avances del país) se reúne tres veces al año, en febrero, junio y octubre, Panamá tendrá que esperar hasta la reunión de otoño para presentar su informe de pleno cumplimiento de las normas del GAFI. Asimismo, una delegación del GAFILAT tendría que realizar una inspección, lo que sugiere que febrero de 2016 sería la fecha más cercana para que el país salga de la lista.

La viceministra de finanzas, Eyda Varela de Chinchilla, se mostró realista frente a los plazos. “No vamos a salir de la lista en octubre… De hecho, los países demoran unos tres años en salir de la lista gris y Panamá lo hará en un año y medio”:

La nueva legislación también impondrá varias obligaciones a las empresas que operan en Panamá. Bismark Rodríguez, analista de EY, dijo que los cambios elevarán los costos, sobre todo para las empresas más pequeñas. Algunos sugieren que la nueva ley podría abrir el camino para fusiones y adquisiciones durante los próximos cinco años, sobre todo de compañías pequeñas con otras más grandes, en un empuje por lograr economías de escala.

 

Panama tightens money-laundering regulations

En Español

A drive to combat money laundering in Panama took a key step forward in June, with the approval of legislation that the country hopes will accelerate its removal from the Financial Action Task Force (FATF) “grey list”.

The FATF is an influential, inter-governmental body tasked with tackling threats to the integrity of the international financial system. Panama is one of 11 listed countries that have been judged by the task force to fall short of full “anti-money laundering and combating the financing of terrorism” (AML/CFT) compliance. The FATF also holds a separate “black list” of jurisdictions deemed as “high-risk and non-cooperative”.

Many businesses have suffered in the wake of the decision by the FATF in June 2014, particularly those working with US institutions. This comes at a time when Panama − traditionally considered an attractive country for the registration of businesses − strives to accomplish its goal of becoming an international financial centre.

Isabel Fernández, head of the government’s policy unit for the prevention of money laundering and the financing of terrorism, told journalists in April: “...it had become urgent for us to update these regulations.”

Supervision stepped up

The new law, known as Law 23, which was approved by the Panamanian Congress in June, has a pivotal part to play in the country’s push to meet international standards of protection against money laundering and the financing of terrorism or weapons of mass destruction.

Alongside the broader financial services sector, credit unions, lawyers, accountants and real estate agents will also be subject to supervision under the new legal obligations, together with the Colón Free Trade Zone, the Panama Canal Authority and the country’s casinos.

The legislation has also paved the way for a new regulatory body to cover the non-financial sector, the Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros. The body, which will monitor 13 different economic sectors, will operate initially as a unit within the Ministry of Economy and Finance, with plans for it to be ultimately given autonomous status.

Regulatory clampdown

Increasing supervision and transparency of bearer shares is another area that has been targeted by new legislation. Congress recently approved an amendment to Law 47 of 2013, with the aim of establishing the ultimate identity of shareholders. A deadline for Panamanian companies to deposit bearer shares with an authorised custodian has been brought forward to December 31, 2015, overriding a previous three-year timeframe. A separate regulatory change obliges all Panamanian companies to begin maintaining registries of minutes and shares.

As part of its commitment to cracking down on irregularities, Panama’s banking regulator, Superintendency of Banks of Panama (Superintendencia de Bancos de Panamá, SBP), suspended the operations of Banco Universal − a small commercial bank with deposits worth $345m – in early June. The regulator will take over administrative and operational control of the bank for 30 days after an inspection revealed a “high degree of weakness” and inadequate internal controls according to SBP’s head Ricardo Fernández. Banco Universal is owned by the family of former Vice-President Felipe Verzi, currently under investigation for money laundering.

Efforts have also previously been taken by Panama in other areas of transparency, particularly in a bid to help it shed its image as a tax haven. Panama signed a host of tax information exchange agreements and double taxation treaties, which enabled it to be removed from the OECD’s grey list in 2011 for countries which had not implemented international tax standards on the exchange of tax information.

Time for change

However, hopes of being immediately withdrawn from the FATF’s list are unlikely. Analysts have pointed out that since the FATF for Latin America (El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, GAFILAT) − responsible for certifying the progress of the country − convenes three times annually in February, June and October, Panama will have to wait for the autumn meeting at the earliest to present its report on full FATF compliance. A country inspection by a GAFILAT delegation would also need to be carried out, suggesting February 2016 would present the earliest opportunity for Panama’s removal from the list. 

The deputy finance minister, Eyda Varela de Chinchilla, was realistic about the timeline. “We weren’t going to come off the list in October... In fact, countries take about three years to come off the grey list, and Panama will do it in a year and a half.”

The new legislation will also impose several additional duties on companies operating in Panama. EY analyst Bismark Rodríguez said the changes would lead to higher costs, particularly for smaller companies. Some suggest the new law could set the scene for mergers and acquisitions over the next five years, particularly small businesses merging with larger companies, as firms look for ways of achieving economies of scale.

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