México limita el endeudamiento de gobiernos locales

In English

Una nueva moción legislativa de disciplina fiscal en México pasó su último obstáculo parlamentario en mayo, abriendo el camino para una ley que limitará la capacidad de endeudamiento de los gobiernos locales.

Según estimaciones del FMI, el crédito del sector público mexicano llegó a 4,2% del PIB en 2014, desde 3,8% el año anterior. Funcionarios de la Secretaría de Hacienda dicen que esperan reducir esta tasa progresivamente a 2.5% para 2018 y han anunciado un programa de austeridad fiscal para 2015 y 2016, dado que los menores ingresos por petróleo han debilitado el presupuesto.

La nueva legislación fue aprobada por 24 estados, lo que satisfizo el mandato constitucional que obliga a aprobar los proyectos de ley con los votos del Congreso y más de la mitad de las legislaturas estatales, consolidando la nueva reputación de responsabilidad fiscal y monetaria de México. Aunque la crisis bancaria de 1994 quedó en el pasado, es un claro recordatorio de aquello que los encargados de política deben evitar a toda costa.  

Controles institucionales basados en el mercado

La agencia calificadora Standard & Poor’s dijo que la nueva ley ayudará a prevenir casos de cesación de pagos y endeudamiento, junto con fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en estados y municipalidades.

La medida también es vista como otro positivo avance en la transición del país desde una economía altamente estatizada, controlada por individuos, hacia una economía de mercado, administrada por instituciones, según Sergio Martín, director de estudios económicos de Bancomext, un banco de desarrollo estatal especializado en comercio exterior.

“En México hemos creado muchas instituciones que ayudarán a desarrollar al país, a convertirnos en un país controlado por ley y no por individuos”, dijo Martín a OBG. “Aquí estas instituciones aún son jóvenes e inmaduras, todavía no son tan sólidas como se necesita para darnos el crecimiento que buscamos”.

Las medidas para fortalecer las instituciones mexicanas incluyeron la decisión, en 1994, de unirse Estados Unidos y Canadá en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA por sus siglas en inglés), la creación de un banco central autónomo en 1990 y la aprobación de una ley de responsabilidad fiscal en 2006. Esta última obliga a los gobiernos a equilibrar el presupuesto federal y refuerza la transparencia y la rendición de cuentas, aunque en la práctica los gobiernos aún tienen margen de maniobra por las distintas formas en que se definen las cuentas de presupuesto.

Límites al endeudamiento estatal y municipal

Tras dos años de ajustes, la nueva ley de disciplina fiscal busca eliminar todo resquicio del programa de austeridad. Obliga a los gobernadores estatales y los alcaldes municipales a publicar detalles de todos los pasivos financieros y crediticios incurridos durante su administración en un registro público único, incluyendo los nombres de los partidos, las condiciones de los créditos y las tasas de interés.

La ley también prohíbe el endeudamiento para cubrir gastos actuales, limitando los préstamos a proyectos de capital que ofrezcan un retorno demostrable. Asimismo, autoriza a la Auditoría Superior de la Nación para investigar cuentas cuando se solicite una garantía del gobierno federal.

Asimismo, permite a las legislaturas locales a imponer límites de endeudamiento máximo, que requerirá una mayoría de dos tercios como quórum. La ley también prohíbe a los gobiernos locales emitir deuda a corto plazo para sus sucesores: los gobiernos estatales y municipales tendrán 60 días para presentar informes con resúmenes de sus créditos y obligaciones impagos, y 90 días para presentar una auditoría completa del sector público.

El proyecto fue diseñado en parte como respuesta a un escándalo en 2011 cuando el gobierno previo descubrió que las deudas incurridas irregularmente por el gobierno del estado de Coahuila se habían disparado a más de 30 mil millones de pesos (USD1,9 mil millones). Según la Secretaría de Hacienda, la deuda estatal y municipal totalizó más de 509 mil millones de pesos (USD33,5 mil millones) a fines del año pasado, lo que representa 3,1% del PIB. Otros estados fuertemente apalancados son Quintana Roo, Nuevo León y Chihuahua.

Sin embargo, el FMI destaca que la deuda total del México (50,1% del PIB en 2014) está en línea con el promedio latinoamericano de 52,5%. En un informe consultivo publicado en noviembre, la entidad calificó la proporción de la deuda en relación con el PIB como “baja y sostenible”, aunque hizo un llamado para fortalecer los controles financieros sobre los estados y municipios.

“La plena adopción de una metodología contable para reportar las finanzas de los gobiernos locales y la introducción de un marco legal formal para anclar la formulación de políticas a nivel local sería importante”, señaló.

La promulgación de la nueva ley sería oportuna, ya que está programada para justo antes de las elecciones legislativas, cuando nuevo gobiernos estatales y miles de municipalidades hacen la transición entre administraciones entrantes y salientes, que suele ser un periodo en que los niveles de endeudamiento suben.

 

 

Mexico closes local government debt loophole

En Español

A new financial discipline bill in Mexico cleared the last parliamentary hurdle in May, opening the way for a law that will limit the ability of local governments to incur debt.

According to IMF estimates, Mexico’s public sector borrowing requirement was 4.2% of GDP in 2014, up from 3.8% in the preceding year. Officials in the finance ministry say they are aiming to reduce this rate progressively to 2.5% by 2018 and have announced a fiscal austerity programme for 2015 and 2016 as lower oil revenues have strained the budget.

The new legislation, approved by 24 states and fulfilling a constitutional requirement that Congress and more than half the state legislatures pass the bill, consolidates Mexico’s newfound reputation for fiscal and monetary responsibility. The 1994 banking crisis is well in the past, but it serves as a clear reminder to policy makers of what needs to be avoided at all costs.

Market-based institutional controls

Ratings agency Standard & Poor’s said the new law is expected to help prevent cases of default and indebtedness, as well strengthen transparency and accountability in states and municipalities.

The move is also viewed as another positive step in the country’s bid to shift away from being a highly state-run economy controlled by individuals and towards a market-based economy run by institutions, according to Sergio Martín, director of economic studies at Bancomext, a state-owned development bank specialised in foreign trade.

“In Mexico we have created lots of institutions that are going to help the country develop, to become a country ruled by law and not by individuals,” Martin told OBG. “Here, these institutions are still young and immature; they are not yet as solid as they need to be, to give us the growth we are seeking.”

Moves to strengthen Mexico’s institutions included the 1994 decision to join the US and Canada in the North American Free Trade Agreement (NAFTA), the creation of an autonomous central bank in the 1990s and the approval of a fiscal responsibility law in 2006. The latter requires governments to balance the federal budget and enforces transparency and accountability, although in practice governments still have some leeway because of the way different budget accounts are defined.

Limits on state and municipal borrowing

Two years in the making, the new financial discipline law is designed to eliminate any loopholes in the austerity programme. It establishes that state governors and municipal mayors must publish details of all borrowing and financial liabilities incurred during their administration in a single public register, including the names of the parties, loan terms, guarantees and interest rates.

The law bans borrowing to cover current expenditure, limiting loans to capital projects that deliver demonstrable value for money. It gives the federal audit body, the Auditoría Superior de la Nación, the right to scrutinise the accounts when a federal government guarantee has been requested.

It establishes that local legislatures are empowered to set maximum borrowing limits, for which a two-thirds majority vote will be required. The law also forbids outgoing local governments from passing on short-term debt to their successors: state and municipal governments will have 60 days in which to present summary reports on outstanding loans and obligations, and 90 days to present a full public sector audit.

The bill was drawn up in part because of a scandal in 2011 when the previous government discovered that debts incurred in an irregular manner by the state government of Coahuila had rocketed to more than MXN30bn ($1.9bn). According to the finance ministry, total state and municipal debt stood at over MXN509bn ($33.5bn) at the end of last year, representing 3.1% of GDP. Other heavily leveraged states include Quintana Roo, Nuevo León and Chihuahua.

Nonetheless, the IMF notes that the overall debt of Mexico – at 50.1% of GDP in 2014 – compares favourably with the Latin American average of 52.5%.

In its consultation report in November, the fund described Mexico’s debt-to-GDP ratio as “low and sustainable” but called for a strengthening of state and municipal financial controls.

“Full adoption of the uniform accounting methodology for reporting local government finances and introduction of a formal legal framework to anchor fiscal policymaking at the local level would be important,” it said. 

The timing of the new law may be opportune as it comes just before mid-term elections in June, when nine state governments and thousands of municipalities will see transitions between outgoing and incoming administrations − usually a time when borrowing levels rise.

Covid-19 Economic Impact Assessments

Stay updated on how some of the world’s most promising markets are being affected by the Covid-19 pandemic, and what actions governments and private businesses are taking to mitigate challenges and ensure their long-term growth story continues.

Register now and also receive a complimentary 2-month licence to the OBG Research Terminal.

Register Here×

Product successfully added to shopping cart

Read Next:

In The Americas

Covid-19 and Latin American agriculture: can innovation overcome the...

Although the coronavirus pandemic has created significant challenges for the Latin American agricultural sector, it has also created opportunities for innovation and the expansion of home-grown...

In Legal Framework

Nuevas medidas para mayor transparencia impulsan inversión en...

En un esfuerzo por aumentar la confianza de los inversionistas e impulsar el desarrollo de proyectos mayores de infraestructura, luego del escándalo de corrupción de Odebrecht, Perú ha adoptado...

Latest

Covid-19 and Latin American agriculture: can innovation overcome the...

Although the coronavirus pandemic has created significant challenges for the Latin American agricultural sector, it has also created opportunities for innovation and the expansion of home-grown...