México: Debatiendo la reforma

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Dado que la producción petrolera mexicana continúa con su tendencia hacia la baja, parece cada vez más probable que las nuevas reformas puedan abrir el sector, incluso más, a la inversión privada.

Desde la expropiación de las compañías petroleras extranjeras en 1938, el monopolio estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), ha sido responsable de la producción de todo el petróleo crudo de México.

Las cifras de producción han disminuido constantemente desde el 2004, dando lugar a un incremento en las importaciones de combustibles y a un aumento en los precios. Por esta razón, el asunto de la producción de petróleo está a la vanguardia de los debates nacionales y en consecuencia, los candidatos a las próximas elecciones presidenciales de México, que tendrán lugar el 1º de julio, debaten acerca de cuál será la mejor manera de reformar este debilitado sector.

Según BP Energy’s 2011 World Energy Statistical Review, la producción petrolera de México alcanzó su máximo en el año 2004 con 3.82 millones de barriles por día. Desde ese entonces, la producción ha caído en los últimos ocho años a sus actuales 2,55 millones de barriles por día, no obstante, Pemex pronostica que la producción aumentará ligeramente en el año 2012 a 2,6 millones de barriles por día. Este ligero incremento viene de una fuente poco fiable, el envejecido Complejo Cantarell de Pemex, cuya producción ha caído el 76% desde 2006 a los mínimos de hace 22 años, unos 2.54m de barriles por mes.

México es actualmente, no sólo el séptimo mayor productor de petróleo crudo en el mundo sino también, una importante fuente de petróleo para los EE.UU. Por otra parte, con reservas probadas por BP estimadas en 11.4bn barriles, México tiene la tercera reserva más grande de petróleo crudo en América Latina, únicamente por detrás de Venezuela y Brasil.

El declive en la producción de Pemex ha coincidido con varias inversiones fallidas, como la inversión improductiva de 11 mil millones de dólares en el campo petrolero Chicontepec.

Chicontepec es una muestra de las inversiones recientes de Pemex, en las cuales la empresa ha tenido dificultades para la extracción del petróleo de fuentes no tradicionales, tales como la pizarra y las cuencas de agua profundas.

Entre otras dificultades está el hecho de que el gobierno federal se ha convertido cada vez más dependiente de los ingresos extraídos por Pemex y además el que se haya disminuido el presupuesto impuesto por la petrolera. La compañía,debido a los recortes presupuestarios del gobierno federal, invertirá sólo US $ 23 mil millones de los $ 30 mil millones que había previsto para este año.

La contribución de Pemex al presupuesto nacional no puede ser subestimada, ya que ha sido responsable de entre un 35% y 40% de los ingresos totales en los últimos años. El que el gobierno federal dependa del apoyo presupuestario de Pemex, así como también que Pemex sea el empleador más importante, hará que cualquier proceso de privatización total sea muy difícil.

A pesar de todo ello, parece que en medio de crecientes importaciones de combustible y aumento de precios, hay una mayor voluntad política para reformar la incipiente industria. De hecho, algunos analistas predicen que sin la reforma, México se convertiría en un importador neto de crudo a finales de la década.

Tanto Enrique Peña Nieto, el principal candidato en las próximas elecciones del Partido Revolucionario Institucional, como su oponente Josefina Vázquez Mota, representante del Partido Acción Nacional, han aludido al hecho de que la reforma podría abrir la industria petrolera mexicana a la inversión del sector privado.

La anterior reforma realizada en el 2008 permitió la inversión privada en exploración y producción; sin embargo, se quedó corta al permitir cualquier forma de derechos de propiedad privada sobre las reservas. Sea cual sea la reforma, requerirá un cambio en la constitución nacional, que tendrá que ser aprobado por las dos terceras partes del Congreso, la mitad de las legislaturas estatales y por el presidente.

Esta drástica reforma de lo que viene siendo una institución nacional con una enorme influencia política, será un proceso difícil que requerirá una gran cantidad de capital político. Sin embargo, cada día que cae la producción y que aumentan los precios del combustible, la tarea se vuelve más fácil, teniendo en cuenta la difícil naturaleza de la gran parte de las reservas mexicanas en los campos no convencionales, la experiencia del sector privado y la inversión con riesgo compartido que será necesaria si México reforma su producción petrolífera.

Con otros países latinoamericanos como Argentina y Ecuador inclinándose hacia la nacionalización, México debería moverse en dirección opuesta y abrir sus grandes reservas hacia la inversión del sector privado (con derechos de propiedad compartidos) con la probable inundación de la inversión en el sector.

 

Mexico: Debating reform

As Mexico’s oil production continues its downward trend, it looks increasingly likely that new reforms could open the sector even further to private investment. Since expropriating foreign oil companies in 1938, the country’s state-owned monopoly, Petroleos Mexicanos (Pemex), has been responsible for all of Mexico’s crude oil production.

However, production figures have steadily declined since 2004, resulting in increasing fuel imports and prices. The issue of crude oil production has come to the forefront of national debate as candidates argue how best to reform the ailing sector ahead of Mexico’s upcoming presidential election on July 1.

According to BP Energy’s 2011 World Energy Statistical Review, Mexico’s oil output peaked in 2004 at 3.82m barrels per day. Since then, production has dropped each of the past eight years to its current 2.55m barrels per day, although Pemex predicts production will rise slightly in 2012 to 2.6m barrels per day. This slight increase will come from an unlikely source – Pemex’s ageing Cantarell field – whose production has fallen 76% since 2006 to a 22-year low of 2.54m barrels per month.

Mexico is currently the world’s seventh-largest producer of crude oil and a major source of oil to the US. Furthermore, with proven reserves estimated by BP to be 11.4bn barrels, Mexico has the third-largest reserve of crude oil in Latin America, behind only Venezuela and Brazil.

Pemex’s decline in production has coincided with several failed investments, such as the thus-far unproductive $11bn investment in the Chicontepec oil field. Chicontepec is symptomatic of recent investments by Pemex in that the company has had difficulty extracting oil from non-traditional sources, such as shale and deep-water basins.

Adding to their difficulties is a federal government that has become increasingly reliant on revenue drawn from Pemex and the resulting budget decreases imposed on the oil firm. The company will invest just $23bn of its planned $30bn this year due to budgetary cutbacks from the federal government.

Pemex’s contribution to the national budget cannot be understated, as it has been responsible for contributing between 35% and 40% of the total revenue in recent years. The federal government’s reliance on Pemex for budgetary support, as well as the company’s standing as a major employer, will likely make any full privatisation process very difficult. However, it appears that amid rising fuel imports and price increases, there is greater political will to reform the faltering industry. Indeed, some analysts predict that without reform Mexico will become a net-importer of crude by the end of the decade.

Both Enrique Peña Nieto, the leading candidate in the upcoming election from the Institutional Revolutionary Party, and his opponent Josefina Vázquez Mota, from the ruling National Action Party, have suggested that reform would further open Mexico’s oil industry to private sector investment.

Previous reform in 2008 permitted private investment in exploration and production. However it fell short of allowing any form of private ownership rights over reserves. Any further reform will require a change to the national constitution, which must be approved by two-thirds of the congress, half of the state legislatures and the president.

Such drastic alteration to what has indeed become a national institution with enormous political influence will be a difficult process, requiring a large amount of political capital. However, each day production falls and fuel prices rise, the task will become easier. Given the difficult nature of much of Mexico’s reserves in unconventional fields, private sector expertise and risk-sharing investment will be needed if Mexico is to turn its oil production around.

With other Latin American countries, such as Argentina and Ecuador, tilting towards nationalisation, should Mexico move in the opposite direction and open up its vast reserves to private sector development (with shared ownership rights), investment will likely flood into the sector.

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