Los elementos claves de la reforma de la salud de México

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In English

México está remodelando la prestación de servicios de salud con la creación de un nuevo instituto, destinado a mejorar la cobertura entre las poblaciones más marginadas y geográficamente aisladas.

A principios de octubre, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que modifica la Ley General de Salud, creando el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (INSABI), que actuará como una entidad descentralizada y autónoma del Gobierno Federal.

La medida está diseñada para reemplazar al Seguro Popular de Salud (SPS), el cual fue introducido en 2003 para brindar atención médica a aproximadamente la mitad de la población, y que fue aumentando considerablemente la cobertura en los años transcurridos.

El cambio alineará al INSABI con las políticas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el mayor proveedor de atención médica del país.

Se espera que la estrategia de realineación, basada en tres pilares –compra pública, planeación y distribución efectiva del suministro–, conduzca a un ahorro de costos y a una adquisición de medicamentos más racionalizada. A diferencia del SPS, que se gestionó a nivel estatal, el Gobierno Federal supervisará al nuevo organismo.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, conocido comúnmente como AMLO, dijo que el nuevo sistema dará tratamiento prioritario a las comunidades indígenas y de bajos ingresos.

Hacia una cobertura total

Además de este cambio, el Presidente delineó a fines de octubre un nuevo Plan Nacional de Salud, que tiene como objetivo proporcionar atención médica universal gratuita, así como simplificar los procesos al centralizar las adquisiciones, los objetivos y el seguimiento y control.

Para abordar la brecha de cobertura entre las áreas urbanas y rurales, se ofrecerá a los profesionales de la salud salarios más altos para trabajar en las localidades más aisladas, mejorando así la disponibilidad de médicos y enfermeras en las regiones más remotas y marginadas de México.

Los encargados de formular políticas también están trabajando para lograr formalizar los derechos de 87 mil empleados del sector salud que actualmente no tienen contratos a tiempo completo.

Como muestra de la fragmentación actual de los servicios y la infraestructura, Jorge Alcocer, el Secretario de Salud, dijo a los medios locales que, si bien el IMSS atiende al 55% de la población, lo hace utilizando solo el 21% de los hospitales del país.

Para ayudar a lidiar con esta situación, actualmente hay 236 hospitales en construcción. Se necesitan unos 5.4 mil millones de pesos mexicanos (US$ 282 millones) en fondos adicionales para completar estos proyectos, y 6.3 mil millones de pesos (US$ 329 millones) para equiparlos completamente.

En términos generales, el país ha asignado 34.3 mil millones de pesos (US$ 1.8 mil millones) a la infraestructura de atención médica, particularmente en las áreas rurales marginadas, que tienen instalaciones viejas o inadecuadas.

Evaluar comparativamente el desempeño

La decisión sobre esta política se produce en medio del reconocimiento generalizado de la necesidad de remodelar el sistema de atención de la salud.

El Presidente ha declarado públicamente que el sistema de atención médica en algunas partes del país se parece al de países con un PIB per cápita mucho más bajo que México.

A pesar de la cobertura existente del SPS y otros programas, los datos del gobierno muestran que el 45% de los mexicanos aún no tienen acceso a la seguridad social.

Por otra parte, las estadísticas disponibles de la OCDE, de 2017, muestran que México tiene una de las expectativas de vida más bajas del grupo, que la organización atribuye en gran medida a la "disponibilidad limitada de recursos para la salud".

En particular, destaca cómo el gasto en atención médica, así como la cantidad de médicos, enfermeras y camas per cápita, están por debajo del promedio de la OCDE. Ajustando las cifras a los costos locales, el gasto en salud en México es de alrededor del 25% del promedio de la OCDE.

En su informe de 2017, la OCDE concluyó que el sistema de salud "se mantiene en una lucha contra las ineficiencias y sigue estando muy fragmentado, con subgrupos que ofrecen niveles de atención diferentes, a grupos de personas diferentes, a precios diferentes. Este es un aspecto del sistema de salud de México que debe mejorarse ".

La voluntad política para hacerlo parece haberse cristalizado en los años transcurridos desde que se publicaron estos hallazgos; sin embargo, sigue siendo una tarea considerable y las partes interesadas seguirán de cerca el progreso.

Mario Muniz, Gerente General del Norte de América Latina para la consultora de salud IQVIA, dijo a OBG: "El programa nacional de salud de AMLO parece tener algunas ideas muy positivas, como la universalización del sistema y el aumento del acceso a los servicios de salud. A pesar de la retórica, queda por ver cuán efectivamente se pondrán en práctica estas ideas ”.

 

 

The most notable elements of Mexico’s health care reform

En Español

Mexico is overhauling health care delivery with the creation of a new institute aimed at improving coverage among the most marginalised and geographically isolated populations.

In early October the Chamber of Deputies passed a bill amending the general health law, creating the National Health Institute for Welfare (Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, Insabi), which will act as a decentralised, autonomous entity of the federal government.

The move is designed to replace the Popular Health Insurance Scheme (Seguro Popular de Salud, SPS), which was introduced in 2003 to provide health care to around half of the population, and greatly boosted coverage in the intervening years.

The change will align Insabi with the policies of the Mexican Institute for Social Security (Instituto Mexicano de Seguro Social, IMSS), the country’s largest health care provider.

Through the three pillars of public purchasing, effective supply planning and distribution, the realignment is expected to lead to cost savings and more streamlined drugs procurement. In contrast to the SPS, which was managed at the state level, the federal government will oversee the new body.

President Andrés Manuel López Obrador, known as AMLO, said the new system will give priority treatment to indigenous and lower-income communities.

See also: The Report – Mexico 2019

Towards total coverage

In addition to this change, in late October the president outlined a new National Health Plan, which aims to provide free universal health care, as well as simplify processes by centralising procurement, targets, monitoring and control.

To address the coverage gap between urban and rural areas, medical professionals will be offered higher wages to work in more isolated postings, thereby improving the availability of doctors and nurses in Mexico’s most remote and marginalised regions.

Policymakers are also working to formalise the rights of 87,000 health care employees not currently on full-time contracts.

In a sign of the current fragmentation of services and infrastructure, Jorge Alcocer, the minister of health, told local media that while the IMSS serves 55% of the population, it does so using just 21% of the country’s hospitals.

To help address this situation, there are currently 236 hospitals under construction. Some MXN5.4bn ($282m) in additional funds is needed to complete these projects, and MXN6.3bn ($329m) to fully equip them.

Overall, the country has allocated MXN34.3bn ($1.8bn) to health care infrastructure, particularly in rural areas with ageing or inadequate facilities.

Benchmarking performance

The policy decision comes amid widespread acknowledgement that the health care system needs to be overhauled.

The president has publicly stated that the health care system in some parts of the country resembles that of countries with a far lower GDP per capita than Mexico.

Despite existing coverage from the SPS and other programmes, government data shows that 45% of Mexicans still do not have access to social security.

Meanwhile, the most recently available OECD statistics, from 2017, show that Mexico has one of the lowest life expectancies in the group, which the organisation largely attributes to the “limited resources available for health”.

In particular, it highlights how health care expenditure, as well as the number of doctors, nurses and beds per capita, are all below the OECD average. Adjusted for local costs, health spending is around 25% of the OECD average.

In its 2017 report, the OECD concluded that the health system “struggles with inefficiencies and remains vastly fragmented, with distinct sub-groups offering different levels of care, to different groups of people, and at different prices. This is an aspect of Mexico’s health system that needs to be improved”.

The political will to do so seems to have crystallised in the years since these findings were released; however, it remains a sizeable undertaking, and stakeholders will be closely monitoring progress.

Mario Muniz, general manager of northern Latin America for health consultancy IQVIA, told OBG, “AMLO’s national health programme seems to have some very positive ideas, such as universalising the system and boosting access to health services. Notwithstanding the rhetoric, it remains to be seen how effectively these ideas will be put into practice.”

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