Colombia: Revisión de la infraestructura de transporte

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El impacto que el retraso de la infraestructura de transporte colombiana podría tener sobre el futuro crecimiento económico del país fue señalado en dos ocasiones durante el último año en informes publicados por el Banco Mundial y Fedesarrollo, un centro de análisis colombiano de carácter independiente, respectivamente.

Ambos informes coinciden en que el desarrollo y la rehabilitación de las redes nacionales de transporte requerirán de una inversión de miles de dólares que, en el mejor de los casos, provendrían del sector privado, para suplir así la demanda de transporte y brindar apoyo al crecimiento económico.

Los resultados de dichos informes han sido reconocidos por el gobierno colombiano, que se ha comprometido a hacer del desarrollo de la infraestructura una prioridad a través del despliegue de una serie de Asociaciones Público-Privadas que se llevarían a cabo entre 2011 y 2021.

El Banco Mundial, en su publicación Colombia Urbanization Review, encontró que la combinación de centros urbanos densamente poblados, las considerables distancias entre ellos y la pobre infraestructura vial hacen que para las ciudades colombianas sea bastante arduo llegar a ser competitivas. El estudio también señaló las difíciles condiciones que generan tanto la topografía montañosa como el clima agreste, afirmando que los costos adicionales de transporte generados por ellos se reflejan en los precios de las mercancías.

El costo de envío de productos desde la capital - Bogotá - hasta la costa Caribe tiene un promedio de US$94 por tonelada, es decir, US$34 más que el costo de transporte de los mismos productos desde Cartagena hasta Shangai. De acuerdo con el estudio, Colombia presenta una alta dependencia por los bienes de consumo básico, que en su mayor parte se encuentran en el interior del país y representan el 7% del PIB, lo que muestra que la precaria infraestructura vial está obstaculizando de manera directa el crecimiento económico y la competitividad.

El informe de Fedesarrollo, entregado a finales de noviembre en el 9º Congreso Nacional de Infraestructura que tuvo lugar en Cartagena, citó los bajos niveles de inversión pública y privada y el mantenimiento ineficiente de las vías como las principales razones del atraso vial del país. En dicho informe se estima que se necesitaría una inversión anual de US$11 mil millones o, en otras palabras, el 3.1% del PIB durante los próximos diez años para situar la capacidad de transporte a la altura del crecimiento económico y la demanda. Las redes de infraestructura vial y ferroviaria, que transportan respectivamente el 71.7% y el 26.6% de los productos en Colombia, fueron señaladas como los dos segmentos del transporte con mayor necesidad de desarrollo y rehabilitación.

El estudio también señaló la importancia de impulsar los puertos y aeropuertos de Colombia, afirmando que en la actualidad lograban satisfacer la demanda gracias a una operación al límite de su capacidad, lo que pone en evidencia las necesidades de su desarrollo de acuerdo con las recientes perspectivas de crecimiento económico publicadas por el Ministerio de Finanzas, el 4.8% en 2013. Además, el informe de Fedesarrollo indicó que la revisión de la infraestructura de transporte debería ser llevada a cabo a través de regímenes de Asociación Público-Privada.

Muchas de las recomendaciones del estudio se reflejan en las estrategias generales del gobierno para la rehabilitación de las redes de transporte, las cuales incluyen una gran campaña para atraer a la inversión privada nacional y extranjera hacia sus proyectos.

Como parte de su esfuerzo por llevar hacia delante el desarrollo de la infraestructura, la administración introdujo hace doce meses una importante legislación que rige el proceso de contratación de concesiones para las empresas privadas que realizan proyectos de gran envergadura. El marco de concesiones de cuarta generación para las Asociaciones Público-Privadas establece un plazo máximo de 30 años para las iniciativas de dichas asociaciones y limita hasta el 20% las contribuciones que el gobierno puede hacer al presupuesto de los proyectos.

La Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, creada en noviembre de 2011 con el fin de sustituir al Instituto Nacional de Concesiones, supervisará la coordinación del gobierno con el sector privado para el desarrollo de la infraestructura. Como parte de sus obligaciones, la ANI encabezará los planes del gobierno para asegurar una inversión de más de US$50 mil millones para el desarrollo del transporte a través de esquemas de Asociación Público-Privada entre 2011 y 2021. Bajo el nuevo esquema, la agencia espera un incremento cuatro veces mayor en carreteras de doble calzada (equivalente a 3400 km), una extensión que triplique las vías férreas (equivalente a 2340 km) y un crecimiento del 100% y el 50%, respectivamente, en capacidad de los puertos y aeropuertos para 2020.

Las rondas de licitación para estos proyectos se llevarán a cabo durante los próximos 18 meses. La ANI comenzó un proceso de licitación por US$1.95 mil millones en concesiones viales en diciembre para la rehabilitación de cuatro carreteras. El gobierno pretende adjudicar un total de US$27.9 mil millones en concesiones para infraestructura vial hacia el 2021, así como US$10.5 mil millones en vías férreas, US$1.5 mil millones en puertos, US$1.000 millones en aeropuertos y US$1.5 mil millones en vías fluviales.

Diez años de reformas económicas, fiscales y sociales han ayudado a Colombia a fortalecer su reputación como un destino atractivo para los capitales privados, particularmente para la inversión extranjera directa (IED). Los planes para modernizar la infraestructura de transporte deben servir para cohesionar los esfuerzos por atraer al sector privado hacia el plan de desarrollo más ambicioso del país hasta la fecha.

 

Colombia: Overhaul in transport infrastructure

The impact that Colombia’s poor transportation infrastructure could have on future economic growth was highlighted twice last year in separate reports released by the World Bank and Fedesarrollo, an independent Colombian think tank.

Both reports said the development and rehabilitation of domestic transport networks would require a multi-billion-dollar investment, ideally led by the private sector, to meet rising demand and support economic expansion. The findings have been acknowledged by the government, which has pledged to make infrastructure development a priority by rolling out a raft of public-private partnership (PPP) schemes between 2011 and 2021.

In its Colombia Urbanization Review, the World Bank found that a combination of dense urban centres, lengthy distances between hubs and poor infrastructure made it difficult for cities to be competitive. The review also highlighted the challenging conditions that Colombia’s mountainous topography and harsh climate presented, saying the added transportation costs they produced were reflected in the price of goods.

The cost of shipping products from the capital Bogotá to the Caribbean coast averages US$94 per tonne, US$34 more than transporting the same goods from the port of Cartagena to Shanghai. Colombia’s high reliance on commodities, which are mostly found in the interior and make up 7% of GDP, means that poor infrastructure is directly hindering economic growth and competition, the report found.

The Fedesarrollo report, delivered in late November at the 9th National Congress on Infrastructure in Cartagena, cited low levels of public and private investment, together with inefficient upkeep, as the main reasons for the infrastructure lag. It estimated that around $11bn, or 3.1% of GDP, would need to be invested annually over the next 10 years to bring transportation capacity in line with economic growth and demand. Road networks and railways, which carry 71.7% and 26.6% of goods in Colombia, respectively, were named as the two transport segments most in need of development and rehabilitation.

The report also highlighted the importance of boosting Colombia’s ports and airports, saying that while they were meeting current demand, their operation at near-capacity signalled the need for expansion, given the Ministry of Finance’s recent economic growth forecast of 4.8% for 2013. The Fedesarrollo report also suggested the transport infrastructure overhaul should be led by PPP schemes, listing the key contributions the private sector could make to development. Many of the report’s recommendations reflected the government’s overall strategy for rehabilitating transport networks, which includes a major drive to attract foreign and domestic private investment for its projects. As part of its bid to drive infrastructure development forward, the administration introduced key legislation 12 months ago governing the concessions procurement process for private companies undertaking large-scale projects. The new, fourth-generation PPP framework puts a 30-year maximum time limit on PPP initiatives and restricts the contribution that the government can make to 20% of a project’s budget.

The National Infrastructure Agency (ANI), created in November 2011 to replace the National Institute of Concessions, will oversee the government’s coordination with the private sector for infrastructure development. As part of its remit, the ANI will spearhead government plans to secure more than $50bn in investment for transportation development via PPP schemes between 2011 and 2021. Under the new scheme, the agency expects a four-fold increase in four-lane highways (to 3400 km), a three-fold extension in railway tracks (to 2340 km), and a 100% and 50% increase in ports and airport capacity, respectively, by 2020.

Bidding rounds for these projects are to be held over the next 18 months. In December, the agency began the bidding process for $1.95bn of roadwork concessions to rehabilitate four highways. The government aims to award a total of $27.9bn worth of concessions for roadwork by 2021, together with $10.5bn for railways, $1.5bn for ports, $1bn for airports and $1.5bn for waterways.

Ten years of economic, fiscal and social reforms have helped Colombia build a reputation as an attractive destination for private capital, in particular foreign direct investment (FDI). Plans to revamp transport infrastructure should further strengthen efforts to bring the private sector on board for its most ambitious development to date.

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