Colombia: Altibajos de la Minería

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Si bien el sector minero colombiano se encuentra todavía en su infancia, el interés sobre la industria es creciente. En 2011, la inversión en minería aumentó un 50%, alcanzando así US$2.6 mil millones, mientras se prevé que el total de inversiones en el sector alcance a los US$12 mil millones para 2015. No obstante, los legisladores deberán superar algunos obstáculos antes de que el potencial del país como productor minero pueda desarrollarse en su totalidad. Los principales retos para lograr tal fin serán la mitigación de la actividad minera informal e ilegal y el establecimiento de una regulación más sólida.

El actual auge exploratorio está siendo comandado por compañías junior, y está condicionada por dos hechos de importancia considerable. En primer lugar, el incremento de la seguridad en el país abre paulatinamente la posibilidad de mayor exploración en regiones que anteriormente sólo contaban con operaciones de grupos al margen de la Ley. Por otra parte, la naturaleza relativamente accesible de las reservas mineras en Colombia, en comparación con otras de más remoto acceso, tales como las de Panamá, es también un aliciente para las operaciones locales de minería.

Mark Moseley-Williams, presidente de la canadiense Continental Gold, una compañía minera junior, en Colombia, dijo a OBG que la decisión del presidente Juan Manuel Santos de identificar a la minería como una de las “locomotoras” para el desarrollo económico del país no debe ser interpretada erróneamente. “Actualmente estamos viviendo un boom de la exploración en Colombia” afirmó Moseley-Williams. “Sin embargo, muy contados proyectos de exploración llegan a convertirse en verdaderas minas. Colombia debe considerar la minería en el medio y largo plazo. Debemos tener en cuenta el tiempo que se necesita para empezar a producir una vez se produce un descubrimiento. El verdadero impacto económico de la minería podrá ser únicamente apreciado una vez que las minas se encuentren produciendo, para lo que faltan aún bastantes años.”

Hacia el 2010 la minería en Colombia representó solo el 7% del PIB nacional, con el carbón desempeñándose como el mineral de mayor peso en las exportaciones. No obstante, muchas compañías mineras que operan en Colombia reportaron recientemente un incremento potencial en la disponibilidad de minerales diferentes al carbón. Por ejemplo, Gran Colombia Gold llevó a cabo un proyecto de perforación profunda en la región de Caldas que reveló un potencial de al menos 300 millones de toneladas adicionales de minerales, incluyendo 11.8 millones de onzas de oro.

Las exportaciones de oro se encuentran particularmente al alza, con un incremento del 23.74% en 2011. Fabián Llano, gerente de CI Meprecol, compañía comercializadora de oro y platino con sede en Colombia, dijo a OBG que “La fortaleza del oro como commodity ha contribuido a un aumento de la demanda extranjera. La comercialización del oro se ha convertido en un negocio muy competitivo, con cerca de 12 compañías que se dividen el mercado en la región antioqueña”.

El crecimiento de las exportaciones auríferas ha llevado al gobierno a reconsiderar planes descartados previamente para el incremento de las regalías sobre el mineral. Federico Renjifo, ministro de minas y energía, advirtió ante la prensa local que el gobierno colombiano debe ser cuidadoso en el modo en el que determina la imposición sobre la exportación minera, pues hay muchas otras naciones mineras con las que competir en la región.

Además de deber identificar el nivel apropiado de tributación sobre las operaciones mineras, los legisladores continúan luchando por erradicar la minería informal e ilegal. Según Llano, “Con un 80% de minería informal en Colombia (es decir, que opera sin poseer un título minero) la Ley 1382, que entre otras cosas pretendió formalizar a estos mineros, ha tenido muy poco impacto debido a la complejidad ambiental, la seguridad, la legislación y a una variedad de asuntos”.

Renjifo afirmó ante la prensa local que “a pesar de la existencia del código minero, el control y la formalización del sector es algo necesario”.

Las operaciones de la minería informal e ilegal por lo general no cumplen ni con los estándares de seguridad ambiental ni con la legislación laboral. Mientras que la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) es la responsable de asegurar que las compañías mineras se acojan a las regulaciones ambientales, el predominio de la minería informal hace extremadamente difícil para la ANLA el cumplimiento de esta meta.

Otra preocupación del sector en materia regulatoria es la aplicación de la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que especifica los derechos de los grupos indígenas. Dicha ley se aplica sobre el sector minero en los casos en que los terrenos de exploración son habitados por comunidades indígenas. La ausencia de una implementación clara de esta ley en Colombia genera un cierto grado de preocupación sobre los propietarios de las concesiones mineras.

Si bien la minería tiene mucho que ofrecer a Colombia en términos de contribución al desarrollo económico, así como del incremento del empleo, el sector no se encuentra exento de dificultades. Solo a través del establecimiento de un mayor grado de formalidad en la industria, las autoridades regulatorias estarían en condiciones de asegurar que el sector minero se desarrolla sin impactos negativos tanto en el plano social como ambiental.

 

Colombia: Mining ups and downs

While Colombia’s mining sector is still in its infancy, interest in the industry is growing. In 2011, foreign investment in mining increased by some 50%, reaching $2.6bn, and total investment in the sector is predicted to top $12bn by 2015. However, there are still some hurdles that lawmakers will have to overcome before the country’s potential as a mineral producer can be fully realised. Chief among these challenges are efforts to eliminate informal mining activity and establish stronger regulation of the sector.

The current surge in mineral exploration has primarily been led by “junior” mining companies – firms that determine the prospects of a site – and influenced by two major factors. Firstly, increased security throughout the country has allowed for greater exploration of regions that may previously have been avoided due to paramilitary activities. Secondly, the relatively accessible nature of Colombia’s mineral reserves in comparison to more remote reserves found in countries such as Panama has also served to attract significant interest in local mining operations.

Nonetheless, Mark Mosely, the president of Canada-based Continental Gold, a junior mining company, told OBG that President Juan Manuel Santos’ decision to identify mining as one of the country’s “locomotives” of economic growth should not be misunderstood. “We are currently experiencing an exploration boom in Colombia,” Mosely said. “However, only a handful of exploration projects ever become mines. Colombia needs to view mining in the medium to long-term. Given the time to take a project from discovery to production, the true economic impact from mining will be seen only once mines are in production several years from now.”

As of 2010, mining accounted for only 7% of Colombia’s national GDP, with coal serving as the most prominent mineral export. However, several mining companies operating in Colombia recently reported potential increases in the availability of minerals other than coal. For example, Gran Colombia Gold carried out a deep drilling project in the Caldas region that revealed a potential of at least 300m additional tonnes of minerals, including 11.8m ounces of gold.

Gold exports are particularly on the rise: their value increased by 23.74% in 2011. Fabian Llano, the manager of C I Meprecol, a marketer of gold and platinum based in Colombia, told OBG, "The strength of gold as a commodity has boosted foreign demand. Gold marketing has therefore become a very competitive business, with about 12 companies dividing gold marketing in the region of Antioquia.”

In fact, the growth of gold exports has led the government to reconsider previously shelved plans to increase royalties on the mineral. However, Federico Renjifo, the minister of mining and energy, informed local press that Colombia must be careful in how it goes about determining taxes on mining exports, as there are many other mining nations to compete with in the region.

Apart from determining the appropriate level of taxation on mining operations, lawmakers continue to struggle to eliminate informal and illegal mining. Llano told OBG, “While about 80% of mining in Colombia is informal, i.e. lacking a mining title, Act 1382, which, among other things, sought to formalise these miners, has had very little impact, due to the complexity of environmental, security, law and other issues”.

Indeed, Renjifo told local press that “despite the existing mining code, controlling and formalising the industry is a necessary reform that needs to be made”.

Illegal and informal mining operations generally do not comply with environmental safety standards, nor do they abide by labour laws. While the National Authority for Environmental Licensing (ANLA) is in charge of ensuring that mining companies abide by environmental regulations, the prevalence of informal mining makes it extremely difficult for ANLA to fulfil this mandate.

Another regulatory concern for the sector is the enforcement of the International Labour Organisation’s Convention 169, which specifies the rights of indigenous groups. This law applies to the mining industry in cases where exploratory grounds are home to indigenous communities. The lack of a clear implementation of this law in Colombia generates some concern regarding the security of ownership of mining operations.

While mining may have much to offer Colombia in terms of generating economic growth, as well as creating jobs throughout the country, the sector is not without its struggles. Only by instituting a greater degree of formality in the industry will regulatory authorities be able to ensure that the mining sector is developed in an environmentally and socially sound manner.

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