Cómo Colombia se plantea hacer crecer su sector minero

Text size +-
Recommend

In English

Colombia busca impulsar la confianza y la actividad de los inversionistas en el sector minero mediante la definición de planes de gobierno para reformar el proceso de consulta comunitaria existente, el cual suscita una cierta incertidumbre en el plano legal,  sobre todo en lo concerniente a la adjudicación de proyectos.

A principios de mayo, María Fernanda Suárez, ministra de Minas y Energía, anunció que el gobierno presentará la Ley de Concurrencia al Parlamento en la próxima sesión legislativa, que comenzará el 20 de julio y finalizará el 16 de diciembre.

La legislación propuesta busca reemplazar el proceso existente de consulta con la comunidad, el cual establece los derechos de las comunidades locales y los grupos indígenas durante los procesos de aprobación, y les permite jugar un rol activo en oponerse a los proyectos mineros que afecten sus tierras, de ser necesario.

El proyecto de ley será clave para aclarar la ambigüedad de las leyes existentes en relación con la aprobación de proyectos.

Aunque la Constitución estipula que el suelo de Colombia es propiedad de "la Nación", la ambigüedad del texto ha llevado a interpretaciones diferentes sobre lo que realmente significa; algunos afirman que se refiere a los ciudadanos locales, mientras que otros creen que se refiere al gobierno.

La nueva ley proporcionará pautas a seguir para el desarrollo de nuevos proyectos, aclarando cómo será el proceso de integración de las comunidades locales y qué papel desempeñarán las autoridades nacionales y regionales.

En 2016, el Tribunal Constitucional declaró que se debería consultar a las comunidades locales durante el proceso de aprobación de licencias; sin embargo, dicha corte dictaminó en octubre del año pasado que las consultas públicas no tenían la autoridad para prohibir proyectos extractivos, porque, en su opinión, los recursos subterráneos eran competencia de los gobiernos nacionales y regionales.

El fallo de octubre decidió un caso que fue presentado ante el tribunal por la empresa sino-india Mansarovar, que apeló el rechazo en 2016 de su proyecto de hidrocarburos en Cumaral, en el departamento de Meta.

Otra decisión tomada por el tribunal en febrero de este año también dictaminó que no era necesario que todos los proyectos mineros fueran aprobados por consulta pública.

Dada la confusión que rodea la redacción constitucional, la nueva legislación brindaría mayor claridad tanto para los inversionistas como para las comunidades locales.

La industria minera da la bienvenida a los cambios, el público expresa su preocupación

Los esfuerzos para reformar el proceso de consulta con la comunidad han sido bien recibidos por figuras clave de la industria minera, muchos de los cuales critican al sistema actual por considerarlo unilateral.

En abril del año pasado ya se habían realizado nueve consultas, seis se habían suspendido y otras 54 estaban en curso. En ese momento, el gobierno estimó que el Estado habría perdido unos US$ 230 mil millones en regalías tributarias como resultado de las consultas.

Juan Camilo Nariño, Presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), dijo que el proyecto de ley permitiría que el sector minero se expanda a nuevas áreas del país.

“Es necesario fomentar la exploración y la producción en todo el territorio”, dijo Nariño en un comunicado a la prensa. “El sector tiene importantes retos [que enfrentar] en materia de estabilización y por eso ya se están creando unas expectativas positivas en lo que está sucediendo. Las tres leyes que vienen son un paso importante en materia de regulación”.

Si bien la industria minera ha reaccionado positivamente, el presidente Iván Duque puede enfrentar cierta oposición en el Congreso, cuando solicite la aprobación del proyecto de ley.

Las comunidades indígenas y los grupos ecologistas han expresado su preocupación sobre cualquier plan que pudiera eludir a los locales durante la aprobación de proyectos de energía o minería, ya que esto podría derivar en una mayor oposición a un nivel político más amplio.

Mayor confianza ayuda a impulsar la inversión

A pesar de todo, se espera que las aclaraciones legales y la mejora en la confianza de los inversionistas desempeñen un papel clave en la revitalización del sector y en el cumplimiento de los objetivos de inversión del gobierno.

El año pasado, Germán Arce Zapata, entonces Ministro de Minas y Energía, dijo que las industrias extractivas combinadas representan alrededor del 9% del PIB y el 46% de la inversión extranjera, proporcionando alrededor de 200.000 empleos.

Sin embargo, si se excluye el petróleo, la minería solo ha contribuido en menos del 2% al PIB en los últimos años, y apenas 1,8% el año pasado.

Con miras a expandir esta contribución, los funcionarios colombianos esperan atraer US$ 6 mil millones en inversión extranjera directa en proyectos mineros para el año 2022, siendo el estimado del gobierno una producción aproximada 99 millones de toneladas de carbón y 27 millones de toneladas de oro durante el período.

 

 

How Colombia plans to grow its mining sector

En Español

Colombia is looking to boost investor sentiment and activity in the mining sector, with the government outlining plans to reform the existing community consultation process amid legal uncertainty over the awarding of projects.

In early May María Fernanda Suárez, minister of mines and energy, announced that the government would present the Concurrence Law to Parliament in the next legislation session, which will commence on July 20 and finish on December 16.

The proposed legislation seeks to replace the existing community consultation process, which sets out the rights of local communities and indigenous groups during approval processes, and allows them to have a role in opposing mining projects that affect their land.

The bill will be key to clarifying the ambiguity of existing laws in relation to the approval of projects.

Although the constitution stipulates that Colombia’s soil is property of “the nation”, the ambiguity of the text has led to differing interpretations as to what this actually means; some claim it refers to local citizens, while others believe it refers to the government.

The new law will provide guidelines to be followed for the development of new projects, clarifying how the process will integrate local communities as well as what roles national and regional authorities will play.

In 2016 the Constitutional Court stated that local communities should be consulted in the licence-approval process; however, the court ruled in October last year that public consultations did not have the authority to prohibit extractive projects, because – in its view – underground resources were the jurisdiction of national and regional governments.

The October ruling decided a case that was brought to the court by the Chinese-Indian company Mansarovar, which was appealing the 2016 rejection of their proposed hydrocarbons project in Cumaral, in the department of Meta.

Another decision made by the court in February this year similarly ruled that it was not necessary for all mining projects to be approved by public consultation.

Given the confusion surrounding the constitutional phrasing, the new legislation would provide important clarity for both investors and local communities.

Mining industry welcomes changes, public expresses concerns

Efforts to reform the community consultation process have been welcomed by key figures in the mining industry, many of whom criticise the current system as being one-sided.

By April last year some nine consultations had already been carried out, while six had been suspended and a further 54 were under way. At the time, the government estimated that the state had lost some $230bn in tax royalties as a result of the consultations.

Juan Camilo Nariño, the president of the Colombian Mining Association (Asociación Colombiana de Minería, ACM), said the bill would allow the mining sector to expand into new areas of the country.

“It is necessary to increase exploration and production across the whole country,” Nariño said in a statement to the press. “The sector has important challenges [to face] in terms of stabilisation, but we are already seeing positive signs. The laws, which are on their way, will be an important step with regard to regulation.”

While the mining industry has reacted positively, President Iván Duque may face some opposition in attempting to pass the bill through Congress.

Indigenous communities and environmental groups have previously raised concerns over any plans to bypass locals during the approval of energy or mining projects, and this could lead to further opposition on a broader political level.

Improved sentiment to help boost investment

Nonetheless, legal clarifications and improved investor sentiment are expected to play a key role in revitalising the sector and meeting the government’s investment targets.

Last year Germán Arce Zapata, then-minister of mines and energy, said that the combined extractive industries represent some 9% of GDP and 46% of foreign investment, and provide around 200,000 jobs.

However, excluding oil, mining alone has contributed less than 2% to GDP in recent years, and just 1.8% last year.

With a view to expanding this contribution, Colombian officials hope to attract $6bn in foreign direct investment for mining projects by 2022, with the government estimating some 99m tonnes of coal and 27m tonnes of gold could be produced over the period.

Read Next:

In Colombia

La subida del precio del petróleo y el aumento de la inversión...

El sector de los hidrocarburos colombiano ha experimentado un crecimiento significativo durante la primera mitad del 2018 gracias al aumento del precio del petróleo y al logro de una mayor...

In Industry

New business incubator launched in Dubai

Dubai is stepping up efforts to promote the development of its small and medium-sized enterprise (SME) community, creating a new incubator to further strengthen the sector.

Latest

Prime Minister Mahathir Mohamad, Malaysia

Which main structural challenges to the Malaysian economy are being addressed by the government’s Shared Prosperity Vision 2030?